PRONUNCIAMIENTO ANTE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO ABIERTO

El pasado 17 de julio de 2015 se promulgó la Resolución Ministerial N° 176-2015-PCM por la cual se aprueba el Plan de Gobierno Abierto (PGA) 2015-2016, compromiso asumido por el Gobierno peruano desde su incorporación a la Iniciativa del Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), el cual debió ser aprobado el año pasado.

Si bien es importante que nuestro país cuente un PGA, las organizaciones de la sociedad civil, miembros del OGP, informamos a la opinión pública lo siguiente:

1.       La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa internacional que  nuestro país  suscribió en setiembre de 2011. Fue recién en abril de 2012 con la presentación del Plan de Gobierno Abierto 2012-2014 cuando el Estado peruano se incorpora formalmente como miembro pleno y junto con la sociedad civil se compromete a fortalecer la transparencia, luchar contra la corrupción, ampliar la participación ciudadana, lograr un gobierno abierto, eficaz y responsable en el manejo del presupuesto y la información pública.

2.       El 5 de diciembre de 2014 las organizaciones de la sociedad civil peruana suspendieron su participación en la Comisión Multisectorial Permanente para el Seguimiento de la Implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto (D.S. Nº 03-2013-PCM), ante la negativa del Gobierno en aprobar el Plan de Gobierno Abierto 2014-2016, que había sido trabajado y concordado entre sociedad civil y Estado y que consideraba de carácter prioritario la creación de una Autoridad Nacional Autónoma para garantizar la transparencia y el acceso a la información.

3.       El proceso de aprobación del Plan de Gobierno Abierto 2015-2016, recién aprobado, no ha contado con la participación de la sociedad civil, debilitándolo y restándole validez, más aún cuando el gobierno pretende asignar responsabilidades a organizaciones de la sociedad civil que hoy no forman parte de la Alianza de Gobierno Abierto.

4.       Nuestro país tiene como objetivo integrar la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD) y uno de los requisitos es la aprobación de políticas que fortalezcan el Gobierno Abierto, en coordinación con la sociedad. En ese sentido, un documento como el aprobado no cumple con los requisitos que le dan reconocimiento y validez.

5.       Del Plan de Acción aprobado sorprende el carácter retroactivo de la norma a enero de 2015, dado que, de acuerdo al artículo 103 de la Constitución Política del Perú, no existe retroactividad, salvo en materia penal. Del mismo modo, preocupa la  omisión de la creación de la Autoridad Nacional Autónoma de Transparencia y Acceso a la Información Pública, propuesta contenida en la versión anterior del plan, la misma que contó con el respaldo de la Defensoría del Pueblo.

La transparencia, el acceso a la Información, la participación ciudadana, la rendición de cuentas de las instituciones del Estado, la lucha contra la corrupción y los compromisos internacionales en materia de Gobierno Abierto son temas de interés fundamental para la modernización del Estado y el fortalecimiento de la democracia en el Perú. Su vigencia no admite un documento improvisado y sin validación de parte de cada uno de los estamentos participantes, tal como ha ocurrido.

Lima, 21 de julio de 2015

Firmantes:

Alfa-Redi

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Asociación Nacional de Centros (ANC)

Carlos Monge Salgado

Cecilia Blondet Montero

Centro de Estudios y Promoción del Desarollo (DESCO)

Alternativa -Centro de Investigación Social y Educación Popular

Consejo de la Prensa Peruana

Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de AIDESEP Atalaya (CORPIAA)

Culturaperu.Org

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

Environmental Investigation Agency (EIA)

Foro Ecológico del Perú

FOROSALUD -Foro de la Sociedad Civil en Salud

Forum Solidaridad Perú

 Fundar- Centro de Análisis e Investigación

Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC)

Grupo Nacional de Presupuesto Público (GNPP)

Grupo Propuesta Ciudadana (GPC)

Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)

Julia Urrunaga

Open Data Perú

Red Ambiental La Libertad

RED MUQUI PERÚ- Red de Propuestas y Acción

Reflexión Democrática

Red Científica Peruana (RCP)

Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE)

Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)

Sandro Chávez

Suma Ciudadana

Inminente avance de la Coca Ilegal en Áreas Naturales Protegidas

Desde el 2008 UNODC advertía de la presencia de estos cultivos ilicitos

Por: Sandro Chávez (*)

El reporte de la UNODC sobre el monitoreo de cultivos de coca 2014[1] en el Perú indica que la extensión total ocupada por coca en el contexto nacional, alcanzó las 42,900 ha. Las mayores extensiones se concentran en el VRAEM con 18,845 ha y La Convención y Lares con 10,342 ha que en conjunto representan 68.0% del total nacional. El informe señala que la producción nacional de hoja seca de coca en el 2014 fue 100,840 TM de este total, según el INEI, 9,000 TM de hoja corresponden al consumo tradicional, el volumen restante de 91,840TM se articula al narcotráfico para ser transformada en pasta básica y clorhidrato de cocaína.

Como hemos afirmado en muchos artículos anteriores la producción de coca ilegal, tiene varios impactos ambientales que afectan directamente a los ecosistemas y la biodiversidad que los habita, entre ellos tenemos la deforestación que genera la perdida de hábitat de muchas especies, la contaminación de los suelos por el uso de agroquímicos en su producción, el usos de grandes volúmenes de insumos químicos empleados para la transformación de la hoja en pasta básica y en cocaína, así como la contaminación química del sistema hídrico de las cuencas donde se produce.

Pero además, afecta a territorios que deberían estar bien protegidos como las Áreas Naturales Protegidas (ANP), sin embargo y al parecer esto no se vendría dando como se ha denunciado últimamente de la presencia de cocales en la Zona de Reserva Sierra del Divisor[2] la cual ya en el 2011 se advertía de la presencia de cultivos de coca ilegal en sus zonas de amortiguamiento, sin embargo esta ANP declarada zona reservada en el 2006 (condición temporal) ya tienen un expediente que propone que sea categorizada como Parque Nacional, el cual está desde mayo en el despacho del Consejo de Ministros, para que algún día el gabinete Ministerial lo apruebe, salvo que estén esperando al próximo gobierno.

Revisando el reporte de la UNODC respecto al Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú del 2008[3] se anunciaba en esos años, el avance de la frontera cocalera hacia las ANPs, se afirmaba que era consecuencia de varios factores como la proximidad a zonas de gran concentración de cultivos de coca, a la represión de la producción al narcotráfico que obligo al desplazamiento de los cultivos a zonas cada vez más inaccesibles y a la inusitada mayor demanda de derivados de coca especialmente en las zonas de frontera. Lamentablemente, la búsqueda de nuevos espacios para implementar esta ilegal actividad llegó a 6 ANPs, identificándose en esa época a los Parques Nacionales de Tingo María, Cordillera Azul y río Abiseo muy próximas a la cuenca cocalera del Alto Huallaga; el Parque Nacional Bahuaja Sonene y Reserva Nacional del Tambopata muy cercanas a las cuencas cocaleras de Inambari - Tambopata y San Gabán, y la Zona Reservada del Güeppi intervenida por la zona cocalera de Yubineto en Loreto.

En el 2011, instituciones nacionales encargadas del monitoreo de cultivos ilícitos, ligados al Ministerio del Interior, alertaban de la presencia de cultivos de coca ilegal en 16 ANPs, que además de las identificadas en el reporte UNODC del 2008, se sumaban zonas Reservadas de Santiago Comaina y Tuntanain, Coto de caza de Sunchubamba, la Zona Reservada de Sierra del Divisor; las Reservas Comunales del Sira, Yanesha, Ashaninka, Amarakaeri, el Parque nacional del Manu; el Bosque de protección San Matías San Carlos y el Santuario Histórico Machupichu, con una superficie de cultivos de coca ilegal de más de 6,258 ha, de las cuales cerca de 5,688 ha se encontraban en zonas de amortiguamiento.

¿Cómo ha venido enfrentando esta delicada situación el SERNANP? pues como se sabe, es un organismo público técnico especializado, el cual depende directamente del Ministerio del Ambiente; y tiene como principal función el dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y asegurar su funcionamiento. Debemos suponer que los actuales responsables de este organismo cuentan con algún plan o con alguna unidad o encargado de por lo menos hacer un seguimiento a esta grave situación, no se trata de que asuma directamente la parte de intervención directa y de sanción pues para eso existen otros organismos especializados, pero por lo menos debería existir una coordinación interinstitucional en marcha y con algunos resultados para enfrentar este flagelo.

Lo que viene ocurriendo en la Zona Reservada de la Sierra del Divisor, lamentablemente nos da indicios que poco o nada se esta haciendo para enfrentar el problema, ojala nos equivoquemos y por ello emplazamos al actual Jefe del SERNANP a que le explique al País de la real situación por la que atraviesan las ANPs respecto a los cultivos ilícitos y cuáles son las medidas que se están  ejecutando para atender esta situación que pone en riesgo a estos territorios que se suponen deberían estar libres de estas amenazas y que por el contrario deberían contar con todas las garantías para su conservación y sostenibilidad futura.

(*) Biólogo, ex Jefe del SERNANP, Past Decano Nacional del Colegio de Biólogos del Perú.

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[1]https://www.unodc.org/documents/peruandecuador//Informes/MonitoreoCoca/Informe_monitoreo_coca_2014_web.pdf

[2] http://larepublica.pe/impresa/politica/16262-la-coca-amenaza-sierra-del-divisor

[3] https://www.unodc.org/documents/peruandecuador//Informes/ICMP_Reporte2009.pdf

APCI ¿Instrumento de presión gubernamental?

Por: Sandro Chávez (*)

Hace unas semanas atrás, la Asociación Nacional de Centros (ANC) y las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) denunciaron una campaña de difamación por parte del Gobierno y sus “aliados” (algunas empresas extractivistas y Congresistas) en contra de las ONGD, nacionales y extranjeras, acusándolos de financiar y promover los conflictos socioambientales en el país. 

Desde hace más de 30 años, las ONGD han venido aportando al País un conjunto de experiencias convertidas en la actualidad en programas, metodologías, procesos, etc. que se implementan en el estado en sus diferentes niveles de gobierno, en diversos temas como los derechos Humanos, Equidad de Género, Educación, salud, Agricultura Ecológica, Medio Ambiente, etc. olvidar y subestimar estos valiosos aportes al Perú, nos parece una mezquindad y un atropello inaceptable que no debemos dejar pasar.

Las ONGD son de las instituciones que más fiscalización han tenido y tienen, y frente a sus detractores de turno no hay punto de comparación, pues siempre están sometidas a la fiscalización de la SUNAT, el APCI, Auditorías internas y externas exigidas por los cooperantes que aportan sus recursos, entre otras.

Sin embargo, se les pretende cargar la responsabilidad del clima de alta conflictividad social, que solo es responsabilidad del Gobierno y de algunas empresas que no quieren cumplir con las normas existentes para evitar las responsabilidades ambientales y sociales a las que están obligadas.

El 25 de mayo del presente año, la UE a través de su Embajadora y respaldada por 14 embajadores europeos con sede en nuestro País, expresaron a través de una carta dirigida a la Ministra de Relaciones Exteriores, su preocupación por lo expresado por miembros del Gobierno sobre los fondos que manejan ONGD europeas, las cuales brindan a organizaciones de sociedad civil peruanas, para supuestamente alentar conflictos socioambientales, sobre ello y entre otras importantes afirmaciones, dijo la UE textualmente en su carta”…en ese contexto, la atribución sumaria y sin pruebas de la responsabilidad de un conflicto social a ONGs europeas no solo sería injusta sino que podría llevar a opacar la comprensión del conflicto”.

En este marco, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) lanzó a través de la Resolución Directoral Ejecutiva (RDE) N° 085-2015-DE, un nuevo marco para condicionar la renovación de la inscripción de las organizaciones a una supervisión adicional, agregando nuevos procedimientos a los ya existentes, lo cual ha sido denunciado también por la ANC y las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX).

La ANC ha indicado que en dicha RDE la APCI pretende facultarse a sí misma la atribución de supervisar a las personas jurídicas o ONGD o ENIEX en su integralidad, que comprenda a "todos" los proyectos de cooperación no reembolsables que ejecuten, cuando la Ley N° 27692 y su modificatoria la Ley N°28925, que también invoca, no le autoriza a ejercer la supervisión fuera de las competencias señaladas en la misma ley de creación no la faculta.

Por otro lado la nueva definición de "Supervisión" contenida en la Resolución Directoral Ejecutiva de marras, cuando identifica como uno de los referentes de la supervisión "... determinar la eficiencia y eficacia de Ia utilización de los recursos (...) en el marco de los compromisos establecidos (...) con los objetivos de desarrollo del Pals", le otorga a la APCI un nuevo poder discrecional que colisiona con el derecho a la libertad de asociación, por cuanto si como resultado de la supervisión, la APCI concluye que las actividades o resultados no son compatibles con los "objetivos de desarrollo del país", esta Agencia tendría el pretexto para hacer uso de poder discrecional y arbitrario a la cual se ha conferido ilegalmente, para iniciar un proceso sancionador contra la ONGD y ENIEX, lo cual contraviene claramente la garantía constitucional de que toda persona tiene derecho a asociarse y constituir diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley.

El marte 13 de junio la ANC y la COECCI asistimos a una reunión con los funcionarios de la APCI, encabezada por su Directora la Arq. Rosa Herrera, que luego de algunos intercambios de ideas, les solicitamos que nos sustenten con algún estudio o diagnostico técnico y jurídico que haya originado la Resolución Directoral Ejecutiva N° 085-2015-DE, en verdad no existía, hubo intentos de ensayar una explicación pero la ausencia de dicho estudio era evidente a todas luces.

Por tanto, la única razón para emitir tan ilegal resolución era el argumento político de presión sobre las ONGD y las ENIEX que de alguna manera están ligadas a algunos de los conflictos socioambientales en curso, de las cuales obviamente no son responsables y más bien por el contrario buscan que se mantenga el dialogo y la existencia de argumentos técnicos suficientes para un mejor entendimiento y solución de estos conflictos, que no siempre coincide con los intereses de algunas empresas extractivas como la Southern que en los últimos meses ha mostrado una intolerancia y desprecio por lo que opinan las poblaciones locales, que lamentablemente el Gobierno ha venido avalando.

Últimamente, y como parte de la delegación de la ANC que visito la APCI, la ONGD de la cual soy Director Ejecutivo, ha sido notificada para ser supervisada en dos proyectos ya fenecidos hace más de un año, sobre la base de un Plan de Supervisión 2015, que en ninguna parte de su texto señala la metodología de elegir a las instituciones que serán supervisadas, osea se hace según la conveniencia del APCI y las presiones que seguro está recibiendo al más alto nivel y de esta manera acallar nuestro desacuerdo; no somos los únicos pues también nos acompañan en estas “supervisiones” una buena cantidad de ONGD de la Red MUQUI, Cooperaccion, entre otras.

A pesar de todo esto seguiremos junto a la ANC y las ONGD del País, así como las ENIEX, trabajando para que se haga justicia, pero también como lo hemos venido haciendo desde hace muchos años atrás colaborando con nuestro País y en especial con su población más vulnerable y nuestra biodiversidad que debemos conservar para las generaciones futuras.

(*) Biólogo, Vicepresidente de la ANC, Director Ejecutivo de SEPAR, Past Decano Nacional del Colegio de Biólogos del Perú.