martes, 15 de diciembre de 2015

Sigue la crisis en el CNM, Consejero Julio Gutiérrez camino a la vacancia

Por: Sandro Chávez (*)


Hace algunas semanas atrás, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidió destituir al ex Consejero Alfredo Quispe Pariona, luego de la cuestionada ratificación con la que se le favoreció y que ocasionó la renuncia de su ex Presidente Pablo Talavera, nuevamente se produce en su seno una muestra más de la fragilidad ética de algunos de sus miembros. 

Ilegalidad en cargos pone en cuestión la coherencia ética de la función de consejero

Desde hace algunos meses atrás la Coordinadora de Colegios Profesionales por una Salud Sostenible (CCPSS) ha venido denunciando ante el CNM, Fiscalía de la Nación, Defensoría del Pueblo y el Consejo de Decanos de los Colegios Profesionales (CDCP) al Consejero Julio Gutiérrez Pebe, quien fuera elegido por los Colegios Profesionales no Abogados, para el periodo 2015-2020, en una elección donde se cambiaron las reglas para la nominación de dos representantes por vía indirecta, lo cual cómo vamos viendo, ha traído muchos problemas a la institucionalidad del CNM.

El Consejero Gutiérrez, quien fuera Presidente del CDCP, ha tenido una situación de ilegalidad como Decano Nacional de su Colegio de Administradores del Perú, lo cual fue denunciado por 8 Past Decanos de dicho Colegio Profesional, pues se habría prorrogado ilegalmente su mandato hasta diciembre del presente año, cuando este fenecía en diciembre del año pasado, a fin de mantenerse en la Presidencia del CDCP y al parecer tener mejores condiciones para ser elegido Consejero del CNM, contraviniendo todas las normas internas de su Colegio y del País.

IDL pide Vacancia del Consejero Gutiérrez Pebe

La semana pasada el Instituto de Defensa Legal (IDL) presentó un pedido de vacancia del actual Consejero Julio Gutiérrez Pebe, sustentado en la situación inconstitucional e ilegal en la que actualmente incurre este representante de los Colegios Profesionales no abogados, violando según afirma el IDL, principios constitucionales e incluso la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (LOCNM), incurriendo en clara causal de vacancia.

Esto debido a que el Señor Gutiérrez Pebe, a pesar de ejercer el cargo de Consejero del CNM desde el 03 de agosto del 2015, continua ejerciendo también el cargo de Decano Nacional del Colegio de Licenciados en Administración del Perú, (que como indicara anteriormente se prorrogó ilegalmente) lo cual se demuestra con dos escritos de fechas 05 y 10 de noviembre del presente año, en los que el consejero firma como Decano Nacional del CLAD - Consejo Directivo Nacional (Reg. Unic. De Coleg. Nº 00005), estos documentos presentados por el IDL hacen referencia al actual proceso de elección de una nueva directiva del Colegio Profesional de Licenciados en Administración, cuyas copias han sido alcanzadas al CNM.

Por tanto, se indica que la naturaleza de la función que la Constitución otorga a los consejeros del CNM, está directamente relacionada no solo con los destinos de la magistratura a nivel nacional (lo que evidencia la carga de trabajo de los consejeros), sino también con el resguardo de un espacio de defensa y garantía de la independencia e imparcialidad del sistema de justicia a cuyos integrantes del Consejo nombra, ratifica y destituye. Ambas características son la razón de la exclusividad del cargo de consejero del CNM.

Otra característica indica el IDL, es el resguardo de la independencia e imparcialidad de la judicatura, que hace directa invocación a la exigencia de mantenerse alejado o separado de los intereses de cualquier grupo, entre los que se encuentran los colegios profesionales, por ello es fundamental la prohibición de ejercer algún cargo en paralelo (salvo la docencia universitaria).

Finalmente y para no dejar dudas, en el artículo 8 de la Ley Orgánica del CNM, el cargo de consejero es a tiempo completo y en consecuencia incompatible con otro, sea público o privado, cualquier profesión y oficio, quedando a salvo solo el ejercicio como profesor universitario.

Ante hecho tan grave como este, lo único que queda al CNM es la vacancia de este Señor Junio Gutiérrez Pebe de inmediato, pero tan importante como ello es la reforma de la elección de los representantes de los Colegios Profesionales no Abogados, lo cual nuevamente debe ser por voto directo a fin de evitar estos bochornosos casos de los dos representantes de los CP que se eligieron entre 10 “delegados candidatos” con votación entre ellos, prestándose a posibles arreglos que lamentablemente solo podemos imaginarnos.

El CNM está sumamente desacreditado, y la renuncia de su Ex Presidente y la situación vergonzosa de dos de sus miembros pone en el debate su transparencia y continuidad para seguir designando Jueces y Fiscales, lo mejor es que se vayan todos y que se establezca nuevas formas de elección que aseguren la real idoneidad de sus miembros.

(*) Biólogo, Past Decano del Colegio de Biólogos del Perú, Secretario Técnico CCPSS


miércoles, 2 de diciembre de 2015

Sandro Chávez: “Madre de Dios ha sido capturado por la minería ilegal”
Sandro Chávez: “Madre de Dios ha sido capturado por la minería ilegal”
Radio San Borja 01 de dic.- En conversación con San Borja Noticias, el biólogo Sandro Chávez, afirmó que la minería ilegal ha secuestrado toda la región de Madre de Dios responsabilizando a su gobernador, Luis Otsuka por permitir irregularidades de seudomineras que vienen depredando reservas naturales como la de Tambopata.
 
En ese sentido criticó al gobierno de presidente Ollanta Humala, por su desinterés ante esta problemática ya que organismos como el ministerio del Ambiente, que no hacen presencia en la región
 
"Algunos funcionarios creen que con el solo hecho de poner más control de los insumos que se usa para la minería ilegal es suficiente. Se equivocan o pecan de ingenuos. Es un secreto a voces en Puerto Maldonado que los controles son burlados durante la noche, cuando cualquiera puede comprar gasolina en la carretera o camionetas adaptadas con más de un tanque de gasolina, a vista y paciencia de la policía cuyos efectivos en muchos casos están comprometidos con la mafia", manifestó Chávez.
 
"La Reserva Nacional de Tambopata, la Reserva Comunal de Amarakaeri y el Parque Nacional del Manu, también son parte de la voracidad de esta mafia pues el Gobierno Regional de Madre de Dios lleva adelante la construcción de dos carreteras en zonas de amortiguamiento bajo la fachada de caminos vecinales, pero en el fondo lo que quieren es abrir trocha para que los mineros ilegales puedan avanzar en su estropicio", agregó.
 
El experto precisó también que no se puede denunciar estos actos contra la ecología nacional, porque estas organizaciones tienen amenazada a la población.
 
"Las amenazas de muerte están a la orden del día y ya con el asesinato del Señor Alfredo Vracko Neuenschwander, quien había denunciado constantemente a los mineros ilegales que invadieron su predio, ubicado en el kilómetro 95 de la Carretera Interoceánica, en la zona conocida como La Pampa hace algunos días, han querido dar una señal que están dispuestos a todo, es decir amenazar y eliminar a quien se les oponga", finalizó.

Escuche la entrevista:
http://www.goear.com/listen/a013711/entrevista-sandro-chavez-madre-dios-radio-san-borja

viernes, 27 de noviembre de 2015

SOS!! Madre de Dios capturada por la Minería ilegal

Por: Sandro Chávez (*)

Madre de Dios ha sido capturada por la minería ilegal, el Paro Regional indefinido convocado por la Alianza de Federaciones de Madre de Dios, que representa a los mineros ilegales en madre de Dios, es solo parte de la estrategia que tiene una mafia que desde hace años y en especial en los últimos 4 años ha ido consolidando su poder, a fin de sacar oro sin respetar ni las normas, ni los ecosistemas que lo albergan, lo único que importa es el negocio ilegal que beneficia unos pocos, utiliza a muchos en las peores condiciones y perjudica a la mayoría de habitantes que antes que los mineros ilegales viven en esta capital de la Biodiversidad.

Si bien antes la tala ilegal de bosques era un asunto que amenazaba a Madre de Dios  en años anteriores, lo de la minería ilegal  es un asunto mucho mayor y a gran escala que por la ambigüedad, ineficiencia y en muchos casos por complicidad de las autoridades locales y nacionales ha crecido y se ha instalado en el poder, sino veamos como ahora cuentan con un Congresista, El Gobernador Regional, Alcaldes y la mayoría de los medios de comunicación locales que todos los días respaldan sin ambigüedades la minería ilegal.

Ciertamente la emisión del Decreto Supremo 013-2015 (control de insumos utilizados por la minería ilegal) y el Decreto Legislativo 1220 (sanción a la tala ilegal), no son suficiente si no se actúa de manera conjunta y articulada de todos los organismos del estado, a lo cual debería sumarse a la población afectada por esta ilegal actividad, lo cual no está ocurriendo.

La gran mayoría de mineros ilegales han cambiado su residencia a Puerto Maldonado y con el tiempo han cambiado la correlación de fuerza en las elecciones a favor de ellos y sus representantes que no tienen ningún reparo en mostrarse totalmente de acuerdo con esta actividad, tomando partida muchas veces en desmedro de las demás actividades que allí se realizan como el turismo, gestión de bosques y conservación de Áreas naturales protegidas.

Algunos funcionarios creen que con el solo hecho de poner más control de los insumos que se usa para la minería ilegal es suficiente con una norma, pues se equivocan o pecan de ingenuos, pues según nos refieren varias personas que viven en Puerto Maldonado, los controles son burlados durante la noche, donde uno puede comprar gasolina en la carretera o camionetas adaptadas con más de un tanque de gasolina, con lo cual pueden pasar este producto a vista y paciencia de la policía, que en muchos casos está comprometida con la mafia de minería ilegal.

De hecho hay un mercado negro del combustible que juega con su especulación y que encarece el combustible en muchos lugares donde no hay mineros ilegales pero si población indígena y campesina, lo que los perjudica enormemente.

La Reserva Nacional de Tambopata, la Reserva Comunal de Amarakaeri y el Parque Nacional del Manu, también son parte de la voracidad de esta mafia, pues el Gobierno Regional de Madre de Dios lleva adelante la construcción de dos carreteras en zonas de amortiguamiento bajo la fachada de caminos vecinales, pero en el fondo lo que quieren es abrir trocha para que los mineros ilegales puedan avanzar en su estropicio.


Las amenazas de muerte están a la orden del día y ya con el asesinato del Señor Alfredo Vracko Neuenschwander, quien había denunciado constantemente a los mineros ilegales que invadieron su predio ubicado en el kilómetro 95 de la Carretera Interoceánica, en la Pampa hace algunos días, han querido dar una señal que están dispuestos a todo, es decir amenazar y eliminar a quien se oponga.


Esto tiene que parar y tiene que ser de inmediato sino Madre de Dios más que tierra de nadie, se consolidará en lo que hoy es “Tierra de la minería ilegal” con consecuencias funestas para la Biodiversidad y de las poblaciones indígenas y campesinas que con mucho esfuerzo fueron construyendo una región que sea el orgullo del País, que ahora la han convertido en el festín indignante de una actividad que contamina, deforesta y hasta elimina a quienes no piensan como ellos. 

(*) Biólogo, Secretario Técnico de la CCPSS, Ex Decano Nacional del Colegio de Biólogos del Perú.

miércoles, 25 de noviembre de 2015


Alcalde Allison arremete contra las Áreas verdes y sus vecinos que las defienden

Por: Sandro Chávez (*)

Resulta sumamente indignante, como la Municipalidad Distrital de Magdalena, encabezada por el Alcalde Allison quiere imponer a la fuerza un proyecto de construcción de un tercer carril en el jirón Félix Dibós, el cual no tiene el aval de los vecinos y que traería como consecuencia la pérdida de áreas verdes, en la cual hay árboles que son importantes para a la salud de los vecinos que habitan allí, aumentado el riesgo de contaminación ambiental de la zona.


En conversaciones con varios vecinos, queda claro que no existe estudios técnicos urbanísticos y ambientales a la vista, quizás porque en este estropicio el Alcalde tendría otros intereses guardados que no quiere decir, pero al parecer de los vecinos seria el cambio de uso de la zonificación y como siempre para beneficiar a algunas inmobiliarias que estarían muy interesadas en construir grandes edificios por la zona de marras.

En un comunicado de la Coordinadora de Colegios Profesionales por una Salud Sostenible, nos han recordado que las áreas verdes en las ciudades son de suma importancia para la calidad de vida  de sus pobladores, que según OMS las ciudades deberían tener como estándar mínimo 9 m² de áreas verdes por habitante, sin embargo Lima solo cuenta con aproximadamente 3,1 m²/ha (PLAM 2035). Resulta muy lamentable que el Alcalde Allison quiera destruir áreas verdes y sus árboles para poner más cemento y asfalto, so pretexto de resolver problemas de “transito”, generado por el mismo al cerrar calles aledañas para causar esta situación artificial de necesidad de ampliar el jirón Félix Dibós con un  tercer carril y con ello tener el argumento perfecto para perpetrar su verdadera intención.

Además la forma violenta con la que se pretende imponer su “obra” es repudiable, pues hemos sido testigos de cómo contrata verdaderos delincuentes para “convencer” a la fuerza a los valientes vecinos de este jirón de persistir en su justa oposición, el hostigamiento diario es deplorable y que necesita de una solución urgente pero dialogada y respetando el derecho de los vecinos a su opinión.

Esto no es un caso aislado, sucede en la mayoría de regiones y distritos y que en una escala mayor se parece al de Conga o Tía María, donde hay alguien que tiene el interés para imponer un Proyecto y que usa al estado en este caso al municipio para concretarlos muchas veces con el respaldo de la policia y donde los que habitan en donde se realizará estos “proyectos” son los últimos en enterarse o simplemente los engañan.


Así están las cosas, y no creo que la ciudadanía debe mantenerse al margen  de tanta barbaridad, hay que apoyar y solidarizarnos con estos valientes vecinos de Jirón Félix Dibós del distrito de Magdalena  y con todos pobladores del País que luchan día a día por conservar sus áreas verdes y sus recursos naturales pues entienden que es parte de garantizar una calidad de vida para ellos y de sus familias.

(*) Biólogo, Secretario Técnico de la CCPSS, Past Decano Nacional del CBP

miércoles, 22 de julio de 2015

PRONUNCIAMIENTO ANTE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO ABIERTO

El pasado 17 de julio de 2015 se promulgó la Resolución Ministerial N° 176-2015-PCM por la cual se aprueba el Plan de Gobierno Abierto (PGA) 2015-2016, compromiso asumido por el Gobierno peruano desde su incorporación a la Iniciativa del Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), el cual debió ser aprobado el año pasado.

Si bien es importante que nuestro país cuente un PGA, las organizaciones de la sociedad civil, miembros del OGP, informamos a la opinión pública lo siguiente:

1.       La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa internacional que  nuestro país  suscribió en setiembre de 2011. Fue recién en abril de 2012 con la presentación del Plan de Gobierno Abierto 2012-2014 cuando el Estado peruano se incorpora formalmente como miembro pleno y junto con la sociedad civil se compromete a fortalecer la transparencia, luchar contra la corrupción, ampliar la participación ciudadana, lograr un gobierno abierto, eficaz y responsable en el manejo del presupuesto y la información pública.

2.       El 5 de diciembre de 2014 las organizaciones de la sociedad civil peruana suspendieron su participación en la Comisión Multisectorial Permanente para el Seguimiento de la Implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto (D.S. Nº 03-2013-PCM), ante la negativa del Gobierno en aprobar el Plan de Gobierno Abierto 2014-2016, que había sido trabajado y concordado entre sociedad civil y Estado y que consideraba de carácter prioritario la creación de una Autoridad Nacional Autónoma para garantizar la transparencia y el acceso a la información.

3.       El proceso de aprobación del Plan de Gobierno Abierto 2015-2016, recién aprobado, no ha contado con la participación de la sociedad civil, debilitándolo y restándole validez, más aún cuando el gobierno pretende asignar responsabilidades a organizaciones de la sociedad civil que hoy no forman parte de la Alianza de Gobierno Abierto.

4.       Nuestro país tiene como objetivo integrar la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD) y uno de los requisitos es la aprobación de políticas que fortalezcan el Gobierno Abierto, en coordinación con la sociedad. En ese sentido, un documento como el aprobado no cumple con los requisitos que le dan reconocimiento y validez.

5.       Del Plan de Acción aprobado sorprende el carácter retroactivo de la norma a enero de 2015, dado que, de acuerdo al artículo 103 de la Constitución Política del Perú, no existe retroactividad, salvo en materia penal. Del mismo modo, preocupa la  omisión de la creación de la Autoridad Nacional Autónoma de Transparencia y Acceso a la Información Pública, propuesta contenida en la versión anterior del plan, la misma que contó con el respaldo de la Defensoría del Pueblo.

La transparencia, el acceso a la Información, la participación ciudadana, la rendición de cuentas de las instituciones del Estado, la lucha contra la corrupción y los compromisos internacionales en materia de Gobierno Abierto son temas de interés fundamental para la modernización del Estado y el fortalecimiento de la democracia en el Perú. Su vigencia no admite un documento improvisado y sin validación de parte de cada uno de los estamentos participantes, tal como ha ocurrido.

Lima, 21 de julio de 2015
Firmantes:



Alfa-Redi
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Asociación Nacional de Centros (ANC)
Carlos Monge Salgado
Cecilia Blondet Montero
Centro de Estudios y Promoción del Desarollo (DESCO)
Alternativa -Centro de Investigación Social y Educación Popular
Consejo de la Prensa Peruana
Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de AIDESEP Atalaya (CORPIAA)
Culturaperu.Org
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Environmental Investigation Agency (EIA)
Foro Ecológico del Perú
FOROSALUD -Foro de la Sociedad Civil en Salud
Forum Solidaridad Perú
 Fundar- Centro de Análisis e Investigación
Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC)
Grupo Nacional de Presupuesto Público (GNPP)
Grupo Propuesta Ciudadana (GPC)
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)
Julia Urrunaga
Open Data Perú
Red Ambiental La Libertad
RED MUQUI PERÚ- Red de Propuestas y Acción
Reflexión Democrática
Red Científica Peruana (RCP)
Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE)
Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
Sandro Chávez
Suma Ciudadana


martes, 21 de julio de 2015

Inminente avance de la Coca Ilegal en Áreas Naturales Protegidas

Desde el 2008 UNODC advertía de la presencia de estos cultivos ilicitos


Por: Sandro Chávez (*)

El reporte de la UNODC sobre el monitoreo de cultivos de coca 2014[1] en el Perú indica que la extensión total ocupada por coca en el contexto nacional, alcanzó las 42,900 ha. Las mayores extensiones se concentran en el VRAEM con 18,845 ha y La Convención y Lares con 10,342 ha que en conjunto representan 68.0% del total nacional. El informe señala que la producción nacional de hoja seca de coca en el 2014 fue 100,840 TM de este total, según el INEI, 9,000 TM de hoja corresponden al consumo tradicional, el volumen restante de 91,840TM se articula al narcotráfico para ser transformada en pasta básica y clorhidrato de cocaína.

Como hemos afirmado en muchos artículos anteriores la producción de coca ilegal, tiene varios impactos ambientales que afectan directamente a los ecosistemas y la biodiversidad que los habita, entre ellos tenemos la deforestación que genera la perdida de hábitat de muchas especies, la contaminación de los suelos por el uso de agroquímicos en su producción, el usos de grandes volúmenes de insumos químicos empleados para la transformación de la hoja en pasta básica y en cocaína, así como la contaminación química del sistema hídrico de las cuencas donde se produce.

Pero además, afecta a territorios que deberían estar bien protegidos como las Áreas Naturales Protegidas (ANP), sin embargo y al parecer esto no se vendría dando como se ha denunciado últimamente de la presencia de cocales en la Zona de Reserva Sierra del Divisor[2] la cual ya en el 2011 se advertía de la presencia de cultivos de coca ilegal en sus zonas de amortiguamiento, sin embargo esta ANP declarada zona reservada en el 2006 (condición temporal) ya tienen un expediente que propone que sea categorizada como Parque Nacional, el cual está desde mayo en el despacho del Consejo de Ministros, para que algún día el gabinete Ministerial lo apruebe, salvo que estén esperando al próximo gobierno.

Revisando el reporte de la UNODC respecto al Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú del 2008[3] se anunciaba en esos años, el avance de la frontera cocalera hacia las ANPs, se afirmaba que era consecuencia de varios factores como la proximidad a zonas de gran concentración de cultivos de coca, a la represión de la producción al narcotráfico que obligo al desplazamiento de los cultivos a zonas cada vez más inaccesibles y a la inusitada mayor demanda de derivados de coca especialmente en las zonas de frontera. Lamentablemente, la búsqueda de nuevos espacios para implementar esta ilegal actividad llegó a 6 ANPs, identificándose en esa época a los Parques Nacionales de Tingo María, Cordillera Azul y río Abiseo muy próximas a la cuenca cocalera del Alto Huallaga; el Parque Nacional Bahuaja Sonene y Reserva Nacional del Tambopata muy cercanas a las cuencas cocaleras de Inambari - Tambopata y San Gabán, y la Zona Reservada del Güeppi intervenida por la zona cocalera de Yubineto en Loreto.

En el 2011, instituciones nacionales encargadas del monitoreo de cultivos ilícitos, ligados al Ministerio del Interior, alertaban de la presencia de cultivos de coca ilegal en 16 ANPs, que además de las identificadas en el reporte UNODC del 2008, se sumaban zonas Reservadas de Santiago Comaina y Tuntanain, Coto de caza de Sunchubamba, la Zona Reservada de Sierra del Divisor; las Reservas Comunales del Sira, Yanesha, Ashaninka, Amarakaeri, el Parque nacional del Manu; el Bosque de protección San Matías San Carlos y el Santuario Histórico Machupichu, con una superficie de cultivos de coca ilegal de más de 6,258 ha, de las cuales cerca de 5,688 ha se encontraban en zonas de amortiguamiento.

¿Cómo ha venido enfrentando esta delicada situación el SERNANP? pues como se sabe, es un organismo público técnico especializado, el cual depende directamente del Ministerio del Ambiente; y tiene como principal función el dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y asegurar su funcionamiento. Debemos suponer que los actuales responsables de este organismo cuentan con algún plan o con alguna unidad o encargado de por lo menos hacer un seguimiento a esta grave situación, no se trata de que asuma directamente la parte de intervención directa y de sanción pues para eso existen otros organismos especializados, pero por lo menos debería existir una coordinación interinstitucional en marcha y con algunos resultados para enfrentar este flagelo.

Lo que viene ocurriendo en la Zona Reservada de la Sierra del Divisor, lamentablemente nos da indicios que poco o nada se esta haciendo para enfrentar el problema, ojala nos equivoquemos y por ello emplazamos al actual Jefe del SERNANP a que le explique al País de la real situación por la que atraviesan las ANPs respecto a los cultivos ilícitos y cuáles son las medidas que se están  ejecutando para atender esta situación que pone en riesgo a estos territorios que se suponen deberían estar libres de estas amenazas y que por el contrario deberían contar con todas las garantías para su conservación y sostenibilidad futura.

(*) Biólogo, ex Jefe del SERNANP, Past Decano Nacional del Colegio de Biólogos del Perú.



[1]https://www.unodc.org/documents/peruandecuador//Informes/MonitoreoCoca/Informe_monitoreo_coca_2014_web.pdf
[2] http://larepublica.pe/impresa/politica/16262-la-coca-amenaza-sierra-del-divisor
[3] https://www.unodc.org/documents/peruandecuador//Informes/ICMP_Reporte2009.pdf

martes, 14 de julio de 2015

APCI ¿Instrumento de presión gubernamental?


Por: Sandro Chávez (*)
Hace unas semanas atrás, la Asociación Nacional de Centros (ANC) y las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) denunciaron una campaña de difamación por parte del Gobierno y sus “aliados” (algunas empresas extractivistas y Congresistas) en contra de las ONGD, nacionales y extranjeras, acusándolos de financiar y promover los conflictos socioambientales en el país. 
Desde hace más de 30 años, las ONGD han venido aportando al País un conjunto de experiencias convertidas en la actualidad en programas, metodologías, procesos, etc. que se implementan en el estado en sus diferentes niveles de gobierno, en diversos temas como los derechos Humanos, Equidad de Género, Educación, salud, Agricultura Ecológica, Medio Ambiente, etc. olvidar y subestimar estos valiosos aportes al Perú, nos parece una mezquindad y un atropello inaceptable que no debemos dejar pasar.
Las ONGD son de las instituciones que más fiscalización han tenido y tienen, y frente a sus detractores de turno no hay punto de comparación, pues siempre están sometidas a la fiscalización de la SUNAT, el APCI, Auditorías internas y externas exigidas por los cooperantes que aportan sus recursos, entre otras.
Sin embargo, se les pretende cargar la responsabilidad del clima de alta conflictividad social, que solo es responsabilidad del Gobierno y de algunas empresas que no quieren cumplir con las normas existentes para evitar las responsabilidades ambientales y sociales a las que están obligadas.
El 25 de mayo del presente año, la UE a través de su Embajadora y respaldada por 14 embajadores europeos con sede en nuestro País, expresaron a través de una carta dirigida a la Ministra de Relaciones Exteriores, su preocupación por lo expresado por miembros del Gobierno sobre los fondos que manejan ONGD europeas, las cuales brindan a organizaciones de sociedad civil peruanas, para supuestamente alentar conflictos socioambientales, sobre ello y entre otras importantes afirmaciones, dijo la UE textualmente en su carta”…en ese contexto, la atribución sumaria y sin pruebas de la responsabilidad de un conflicto social a ONGs europeas no solo sería injusta sino que podría llevar a opacar la comprensión del conflicto”.
En este marco, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) lanzó a través de la Resolución Directoral Ejecutiva (RDE) N° 085-2015-DE, un nuevo marco para condicionar la renovación de la inscripción de las organizaciones a una supervisión adicional, agregando nuevos procedimientos a los ya existentes, lo cual ha sido denunciado también por la ANC y las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX).
La ANC ha indicado que en dicha RDE la APCI pretende facultarse a sí misma la atribución de supervisar a las personas jurídicas o ONGD o ENIEX en su integralidad, que comprenda a "todos" los proyectos de cooperación no reembolsables que ejecuten, cuando la Ley N° 27692 y su modificatoria la Ley N°28925, que también invoca, no le autoriza a ejercer la supervisión fuera de las competencias señaladas en la misma ley de creación no la faculta.
Por otro lado la nueva definición de "Supervisión" contenida en la Resolución Directoral Ejecutiva de marras, cuando identifica como uno de los referentes de la supervisión "... determinar la eficiencia y eficacia de Ia utilización de los recursos (...) en el marco de los compromisos establecidos (...) con los objetivos de desarrollo del Pals", le otorga a la APCI un nuevo poder discrecional que colisiona con el derecho a la libertad de asociación, por cuanto si como resultado de la supervisión, la APCI concluye que las actividades o resultados no son compatibles con los "objetivos de desarrollo del país", esta Agencia tendría el pretexto para hacer uso de poder discrecional y arbitrario a la cual se ha conferido ilegalmente, para iniciar un proceso sancionador contra la ONGD y ENIEX, lo cual contraviene claramente la garantía constitucional de que toda persona tiene derecho a asociarse y constituir diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley.
El marte 13 de junio la ANC y la COECCI asistimos a una reunión con los funcionarios de la APCI, encabezada por su Directora la Arq. Rosa Herrera, que luego de algunos intercambios de ideas, les solicitamos que nos sustenten con algún estudio o diagnostico técnico y jurídico que haya originado la Resolución Directoral Ejecutiva N° 085-2015-DE, en verdad no existía, hubo intentos de ensayar una explicación pero la ausencia de dicho estudio era evidente a todas luces.
Por tanto, la única razón para emitir tan ilegal resolución era el argumento político de presión sobre las ONGD y las ENIEX que de alguna manera están ligadas a algunos de los conflictos socioambientales en curso, de las cuales obviamente no son responsables y más bien por el contrario buscan que se mantenga el dialogo y la existencia de argumentos técnicos suficientes para un mejor entendimiento y solución de estos conflictos, que no siempre coincide con los intereses de algunas empresas extractivas como la Southern que en los últimos meses ha mostrado una intolerancia y desprecio por lo que opinan las poblaciones locales, que lamentablemente el Gobierno ha venido avalando.
Últimamente, y como parte de la delegación de la ANC que visito la APCI, la ONGD de la cual soy Director Ejecutivo, ha sido notificada para ser supervisada en dos proyectos ya fenecidos hace más de un año, sobre la base de un Plan de Supervisión 2015, que en ninguna parte de su texto señala la metodología de elegir a las instituciones que serán supervisadas, osea se hace según la conveniencia del APCI y las presiones que seguro está recibiendo al más alto nivel y de esta manera acallar nuestro desacuerdo; no somos los únicos pues también nos acompañan en estas “supervisiones” una buena cantidad de ONGD de la Red MUQUI, Cooperaccion, entre otras.
A pesar de todo esto seguiremos junto a la ANC y las ONGD del País, así como las ENIEX, trabajando para que se haga justicia, pero también como lo hemos venido haciendo desde hace muchos años atrás colaborando con nuestro País y en especial con su población más vulnerable y nuestra biodiversidad que debemos conservar para las generaciones futuras.


(*) Biólogo, Vicepresidente de la ANC, Director Ejecutivo de SEPAR, Past Decano Nacional del Colegio de Biólogos del Perú.