Por:
Sandro Chávez (*)
La
semana pasada, la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) firmó un
acuerdo con los dirigentes de la Central Nacional de Mineros del Perú (CENAMI),
comprometiéndose a derogar los decretos legislativos 1100 y 1105, el primero
regula la interdicción de la minería ilegal en todo el país y establece medidas
complementarias para esto, y el segundo establece disposiciones para el proceso
de formalización de pequeña minería y minería artesanal.
Coincido
con el Ministro Pulgar Vidal al considerar de irresponsable esta propuesta al
tratar de ganar votos despenalizando la minería ilegal, y dejar desvalida una
vez más nuestros frágiles ecosistemas que en particular como la amazonia se
encuentran fuertemente amenazados por la deforestación y contaminación provocada
por esta actividad ilegal y devastadora.
Lo que realmente pretenden los mineros
ilegales es evitar la interdicción que ahora son objeto y así puedan hacer uso de
las balsas gringas (dragas artesanales grandes), balsas carrancheras (dragas
artesanales medianas), motores, bombas succionadoras, etc. en los
cuerpos de agua de la Amazonía; así como evitar el control de los insumos
químicos y combustibles, de manera de seguir con su despiadada actividad contra
nuestra biodiversidad.
El
Sr. José Chlimper de FP ha dicho en un medio radial que solo buscan que el
estado acompañe a estos mineros ilegales para su formalización, cuando todos
hemos visto que la mayoría de ellos no quiere formalizarse, pues el verdadero
negocio está en la ilegalidad. Los que tienen concesiones mineras la mayoría están
superpuestas a concesiones
forestales y no hay quien
otorgue la autorización para el uso del terreno superficial, peor aún para los
que están en tierras no concesionadas.
También
ha dicho el Sr, Chimpler que si exigirán que cumplan con los compromisos
ambientales, que si no les quitaran la concesión, claro, será después de todo
el estropicio que habrán hecho en la “concesión” y que luego será muy difícil y
costoso volver a recuperar la valiosa biodiversidad que había al inicio, lo
cierto es que nunca debieron estar allí y menos permitirles ingresar
ilegalmente a territorios que no son aptos para este tipo de actividad.
Según
Victor Torres C. (CooperAcción 2015) “Si
la producción total de oro del país la clasificamos en producción formal y
producción ilegal/informal (incluye la producción informal de Madre de Dios
estimada/registrada por el Minem), esta última sumó 448.1 toneladas durante el
período 2003-2014, lo que representa en promedio una producción anual de 37.3
toneladas. En tanto que la producción formal acumulada ascendió a 1,893
toneladas, o 158 toneladas al año. Ello significa que, durante dicho período,
de cada 100 toneladas de oro que se produjo en el país, poco más de 19
toneladas se obtuvo de manera ilegal o informal”.
Es
claro que el negocio del oro de procedencia ilegal va viento en popa, y de
haber muchos intereses que quieren que esto siga así, mejor si para ello no
existen regulaciones, ni sanciones, lo cual al parecer es el compromiso de la
Sra. Fujimori en un pacto siniestro e irresponsable contra nuestra
biodiversidad y los ecosistemas que la albergan, que ya en más de un caso en el
mundo y américa latina se ha demostrado que pueden ser mejor aprovechados y de
manera sosteniblemente, frente a una actividad totalmente depredadora e
insaciable que no tiene límites, salvo el que el estado le debe poner y que
ahora se pretende desaparecer.
Por
supuesto de llegar al gobierno esta candidata, no nos quedaremos con los brazos
cruzados, pero es cierto que será bastante difícil ante la ostentación del
poder que tendrá tanto en poder legislativo y como el poder ejecutivo.
(*)
Biólogo, Coordinador Nacional Foro Ecológico del Perú, Ex Jefe SERNANP
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