DEFENSORÍA DEL PUEBLO HACE UN LLAMADO A EVITAR ACTOS DE VIOLENCIA EN CONSULTA VECINAL DEL DOMINGO 16
Nota de Prensa 154/OCII/DP/200
Ante la consulta vecinal convocada para el domingo 16 de septiembre en Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaipampa, la Defensoría del Pueblo considera su deber invocar al Estado, dirigentes sociales, alcaldes, miembros de rondas campesinas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos a prevenir y evitar actos de violencia que afecten derechos fundamentales a la vida, la integridad, la tranquilidad y otros, así como no caer en las provocaciones de quienes estuvieren interesados en causar enfrentamientos entre peruanos.
De manera particular la Defensoría del Pueblo se dirige a la Policía Nacional del Perú para que brinde todas las garantías de seguridad a los ciudadanos convocados a dicho acto, así como al Ministerio Público para que esté alerta ante la posible comisión de ilícitos penales. Cabe precisar que dichas medidas de seguridad deben privilegiar lo preventivo, por lo que convendría se tomen decisiones de inmediato.
El Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía deben evaluar con serenidad el historial de enfrentamientos violentos que ha caracterizado el desarrollo del proyecto Río Blanco. Entre los años 2004 y 2005 se han producido en la zona hasta dos enfrentamientos violentos que provocaron decenas de heridos entre comuneros, fuerzas del orden y autoridades, así como la muerte de los ciudadanos Reemberto Herrera Racho y Melanio Silva. Situaciones que todos los peruanos debemos lamentar y comprometernos a evitar.
Desde el año 2004 la Defensoría del Pueblo ha desarrollado diversas acciones dirigidas a promover una adecuada intervención del Estado frente a este conflicto y sus consecuencias. Una de las acciones más relevantes fue la elaboración en noviembre del 2006 del Informe N° 001-2006/ASPMA-MA, donde sostuvo que el mandato legal establece que toda utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras debe contar con el acuerdo previo del propietario o la culminación del procedimiento de servidumbre. En el presente caso este requisito legal no fue adecuadamente verificado por el Ministerio de Energía y Minas.
Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio: “verificar y garantizar que, en cumplimiento de la ley, en los sucesivos procedimientos tanto Minera Majaz S.A. como otras empresas cuenten efectivamente con un acuerdo válido de autorización de uso de la propiedad superficial”. Asimismo, recomendó promover espacios de diálogo y condiciones equitativas de negociación entre empresas y las comunidades campesinas, a fin de prevenir un conflicto violento.
De otro lado, para la Defensoría del Pueblo, el ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación, participación y la libertad de expresión, requiere necesariamente de un contexto de pluralismo, respeto de las opciones minoritarias y sobre todo, la garantía de la vida, integridad y seguridad de las personas.
Respecto al derecho a la participación de la ciudadanía, tal como lo expresara la Defensoría del Pueblo en el “Informe Extraordinario sobre los conflictos socioambientales por actividades extractivas en el Perú”, presentado al Congreso de la República el 3 de abril de este año, los mecanismos de participación no implican un derecho a veto de las comunidades. En efecto, aquellos deben estar orientados a propiciar procesos deliberativos para la construcción de consensos, que permitan enriquecer las decisiones de la autoridad estatal.
Teniendo en cuenta lo expresado, la Defensoría del Pueblo recuerda a los señores alcaldes de Ayabaca y Huancabamba y a toda autoridad estatal que, en cumplimiento del artículo 44º de la Constitución de la República, tienen la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de los peruanos y exhorta a todas las partes involucradas en este evento a privilegiar el diálogo como única vía para lograr el entendimiento y evitar discursos confrontacionales en un clima de respeto y tolerancia mutuos.
Lima, 6 de septiembre del 2007.
De manera particular la Defensoría del Pueblo se dirige a la Policía Nacional del Perú para que brinde todas las garantías de seguridad a los ciudadanos convocados a dicho acto, así como al Ministerio Público para que esté alerta ante la posible comisión de ilícitos penales. Cabe precisar que dichas medidas de seguridad deben privilegiar lo preventivo, por lo que convendría se tomen decisiones de inmediato.
El Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía deben evaluar con serenidad el historial de enfrentamientos violentos que ha caracterizado el desarrollo del proyecto Río Blanco. Entre los años 2004 y 2005 se han producido en la zona hasta dos enfrentamientos violentos que provocaron decenas de heridos entre comuneros, fuerzas del orden y autoridades, así como la muerte de los ciudadanos Reemberto Herrera Racho y Melanio Silva. Situaciones que todos los peruanos debemos lamentar y comprometernos a evitar.
Desde el año 2004 la Defensoría del Pueblo ha desarrollado diversas acciones dirigidas a promover una adecuada intervención del Estado frente a este conflicto y sus consecuencias. Una de las acciones más relevantes fue la elaboración en noviembre del 2006 del Informe N° 001-2006/ASPMA-MA, donde sostuvo que el mandato legal establece que toda utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras debe contar con el acuerdo previo del propietario o la culminación del procedimiento de servidumbre. En el presente caso este requisito legal no fue adecuadamente verificado por el Ministerio de Energía y Minas.
Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio: “verificar y garantizar que, en cumplimiento de la ley, en los sucesivos procedimientos tanto Minera Majaz S.A. como otras empresas cuenten efectivamente con un acuerdo válido de autorización de uso de la propiedad superficial”. Asimismo, recomendó promover espacios de diálogo y condiciones equitativas de negociación entre empresas y las comunidades campesinas, a fin de prevenir un conflicto violento.
De otro lado, para la Defensoría del Pueblo, el ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación, participación y la libertad de expresión, requiere necesariamente de un contexto de pluralismo, respeto de las opciones minoritarias y sobre todo, la garantía de la vida, integridad y seguridad de las personas.
Respecto al derecho a la participación de la ciudadanía, tal como lo expresara la Defensoría del Pueblo en el “Informe Extraordinario sobre los conflictos socioambientales por actividades extractivas en el Perú”, presentado al Congreso de la República el 3 de abril de este año, los mecanismos de participación no implican un derecho a veto de las comunidades. En efecto, aquellos deben estar orientados a propiciar procesos deliberativos para la construcción de consensos, que permitan enriquecer las decisiones de la autoridad estatal.
Teniendo en cuenta lo expresado, la Defensoría del Pueblo recuerda a los señores alcaldes de Ayabaca y Huancabamba y a toda autoridad estatal que, en cumplimiento del artículo 44º de la Constitución de la República, tienen la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de los peruanos y exhorta a todas las partes involucradas en este evento a privilegiar el diálogo como única vía para lograr el entendimiento y evitar discursos confrontacionales en un clima de respeto y tolerancia mutuos.
Lima, 6 de septiembre del 2007.
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