Por: Carlos Soria, Ph.D.
Es claro que la consulta sobre Majaz camina sobre ruedas y se impregna de respaldo ciudadano. Sin embargo, el gobierno de García quiere convencernos que esta consulta es ilegal. -Mira García si no te gusta tómalo como una encuesta-. Pero en el fondo lo que le molesta al gobierno es que haya quienes creen que la Nueva Minería tiene las manos sucias de una pésima gestión ambiental de sus impactos y sus pasivos, que no han variado mucho desde la designación en 1992 del Ministerio de Energía y Minas como la autoridad ambiental en el tema, responsable de supervisar y autorizar las licencias ambientales.
Lo que ocurre también es que las poblaciones han ido perdiendo la fe en la participación ciudadana gracias a la evidente alianza entre la autoridad ‘neutral’ del Estado y las industrias extractivas como la minería. –Si no escuchemos a Garcia, Del Castillo y el JNE-. Mientras la participación sea observación sin capacidad de influir en la decisión, entonces no es participación. Y eso es lo que ocurre una y otra vez cuando los ciudadanos se presentan ante el MINEM para preguntar si hay alguien que escuche sus demandas sobre la valoración de sus tierras, la valoración de los impactos de la minería o la cautela de sus derechos como terceros en el proceso administrativo.
García levanta la voz porque lo azuza la SNMPE a cambio de la contribución generosa de dos mil millones de dólares. Pero también levanta la voz porque es una señal que está perdiendo su guerra contra las ONGs, esa guerra que tanto sirve a los intereses de la SNMPE. La triple agenda de la Ley anti ONGs, la derogatoria de la legislación sobre áreas de conservación municipal y la apertura de investigación contra activistas ambientales. Sin embargo, la razón del derecho parece darle la espalda a García. El Tribunal Constitucional en la sentencia de los expedientes acumulados 0009-2007-PI/TC y 0010-2007-PI/TC declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más de 5,000 ciudadanos y un grupo de congresistas de la república contra diversos artículos de la Ley 28925, Ley que modifica la Ley 427692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y la Ley 28875, Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación.
El gobierno de García sufre del síndrome de Tambogrande, el temor a que los campesinos y ciudadanos puedan expresar su opinión libremente. Opinión que se deriva de la experiencia. La minería no es un sueño sino que es una realidad concreta en el Perú. Una realidad que se cuenta en miles de millones de dólares para las empresas y sus accionistas, decenas de millones para gobiernos regionales en algunos casos, pero se cuenta también en derrames como Choropampa, y en eventos cotidianos de contaminación que acumulados hacen que la tan necesaria minería se explote de manera tal que se causa una gran catástrofe ambiental en la mayoría de casos. Catástrofe que se vive sobre todo a nivel local, a nivel del usuario al que el agua acida le quema los cultivos o la piel.
Ahora bien debería haber un procedimiento que ayude a zanjar posiciones y a obtener una adecuada cautela del interés público y privado. Mas aun debería haber una autoridad ambiental independiente que asegure que los limites máximos permisibles de contaminación sean mas cercanos a los estándares recomendados para la salud humana y no a aquellos que hacen rentable el uso de tecnologías ya descartadas en otros países. Pero no hay nada de eso Señor García. Por eso como se lo dijo la Defensora del Pueblo al Congreso, la ausencia de una autoridad ambiental independiente es una de las fuentes de los conflictos socioambientales. He ahí una tarea pendiente si quiere evitar futuros Tambogrande y Majaz en su gestión. Democratice la gestión de los recursos naturales y establezca un procedimiento que cautele los intereses de los todos los involucrados en el proceso minero y no solo los intereses de los accionistas de las empresas mineras. Haga que las mineras paguen su supervisión como lo hacen las empresas eléctricas. Acuérdese que Ud. es el presidente de todos los peruanos y, de acuerdo a la Constitución, debe respetar los derechos ambientales constitucionales que nos obligan a todos a un desarrollo sostenible.
Es claro que la consulta sobre Majaz camina sobre ruedas y se impregna de respaldo ciudadano. Sin embargo, el gobierno de García quiere convencernos que esta consulta es ilegal. -Mira García si no te gusta tómalo como una encuesta-. Pero en el fondo lo que le molesta al gobierno es que haya quienes creen que la Nueva Minería tiene las manos sucias de una pésima gestión ambiental de sus impactos y sus pasivos, que no han variado mucho desde la designación en 1992 del Ministerio de Energía y Minas como la autoridad ambiental en el tema, responsable de supervisar y autorizar las licencias ambientales.
Lo que ocurre también es que las poblaciones han ido perdiendo la fe en la participación ciudadana gracias a la evidente alianza entre la autoridad ‘neutral’ del Estado y las industrias extractivas como la minería. –Si no escuchemos a Garcia, Del Castillo y el JNE-. Mientras la participación sea observación sin capacidad de influir en la decisión, entonces no es participación. Y eso es lo que ocurre una y otra vez cuando los ciudadanos se presentan ante el MINEM para preguntar si hay alguien que escuche sus demandas sobre la valoración de sus tierras, la valoración de los impactos de la minería o la cautela de sus derechos como terceros en el proceso administrativo.
García levanta la voz porque lo azuza la SNMPE a cambio de la contribución generosa de dos mil millones de dólares. Pero también levanta la voz porque es una señal que está perdiendo su guerra contra las ONGs, esa guerra que tanto sirve a los intereses de la SNMPE. La triple agenda de la Ley anti ONGs, la derogatoria de la legislación sobre áreas de conservación municipal y la apertura de investigación contra activistas ambientales. Sin embargo, la razón del derecho parece darle la espalda a García. El Tribunal Constitucional en la sentencia de los expedientes acumulados 0009-2007-PI/TC y 0010-2007-PI/TC declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más de 5,000 ciudadanos y un grupo de congresistas de la república contra diversos artículos de la Ley 28925, Ley que modifica la Ley 427692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y la Ley 28875, Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación.
El gobierno de García sufre del síndrome de Tambogrande, el temor a que los campesinos y ciudadanos puedan expresar su opinión libremente. Opinión que se deriva de la experiencia. La minería no es un sueño sino que es una realidad concreta en el Perú. Una realidad que se cuenta en miles de millones de dólares para las empresas y sus accionistas, decenas de millones para gobiernos regionales en algunos casos, pero se cuenta también en derrames como Choropampa, y en eventos cotidianos de contaminación que acumulados hacen que la tan necesaria minería se explote de manera tal que se causa una gran catástrofe ambiental en la mayoría de casos. Catástrofe que se vive sobre todo a nivel local, a nivel del usuario al que el agua acida le quema los cultivos o la piel.
Ahora bien debería haber un procedimiento que ayude a zanjar posiciones y a obtener una adecuada cautela del interés público y privado. Mas aun debería haber una autoridad ambiental independiente que asegure que los limites máximos permisibles de contaminación sean mas cercanos a los estándares recomendados para la salud humana y no a aquellos que hacen rentable el uso de tecnologías ya descartadas en otros países. Pero no hay nada de eso Señor García. Por eso como se lo dijo la Defensora del Pueblo al Congreso, la ausencia de una autoridad ambiental independiente es una de las fuentes de los conflictos socioambientales. He ahí una tarea pendiente si quiere evitar futuros Tambogrande y Majaz en su gestión. Democratice la gestión de los recursos naturales y establezca un procedimiento que cautele los intereses de los todos los involucrados en el proceso minero y no solo los intereses de los accionistas de las empresas mineras. Haga que las mineras paguen su supervisión como lo hacen las empresas eléctricas. Acuérdese que Ud. es el presidente de todos los peruanos y, de acuerdo a la Constitución, debe respetar los derechos ambientales constitucionales que nos obligan a todos a un desarrollo sostenible.
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