Nos complace tremendamente que Alberto Chirif haya elegido este medio para expresar su posición frente al artículo que el presidente García publicara en El Comercio el 28 de octubre pasado y que tantas bataholas viene causando. La suya, lo hemos dicho más de una vez, resulta una voz autorizada para hablar de Amazonía y desarrollo sostenible.
Hubiera preferido que las reflexiones sobre este tema fuesen parte de una labor colectiva, expresada como pronunciamiento, a partir del análisis conjunto entre organizaciones populares, trabajadores de temas de derechos humanos y ambientales, políticos, estudiantes y humanistas en general. Así lo propuse en más de una oportunidad, pero veo que mi capacidad de convocatoria ha sido escasa. Espero que las presentes observaciones puedan motivar este análisis conjunto.
Hace apenas una semana, el Dominical del diario El Comercio publicó un artículo llamado “El síndrome del perro del hortelano”, escrito por el presidente Alan García. Su contenido es simple y puede ser resumido como una propuesta general de privatización de recursos y paisajes naturales del país, la que, una vez producida, capitalizaría a la gente pobre y, sobre todo, a la rica, que con la seguridad jurídica de la propiedad podría invertir en la generación de empresas productivas. La propuesta no es nueva, ya que hace años fue lanzada por Hernando de Soto en su libro “El otro sendero”, quien fue tan lejos que incluso privatizó la autoría del texto, debida a dos personas más. También Mario Vargas Llosa fue un defensor de ella durante su campaña electoral a inicio de 1990. La diferencia entre la propuesta de estos personajes y la del presidente no sólo estriba en la mayor radicalidad de esta última, sino, sobre todo, en el hecho de que, hasta donde recuerdo, a ellos no se les ocurrió calificar de perros de hortelanos, ni de comunistas del siglo XIX enmascarados a quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas y el manejo sostenible de los recursos.
Como se sabe, la biodiversidad es el mayor recurso que tiene el Perú, uno de los 12 países megadiversos del planeta, que los pre-peruanos supieron administrar y desarrollar domesticando especies silvestres de la flora y fauna y creando complejos sistemas agrícolas para zonas que hoy aparecen como pobres y de baja productividad, como las laderas de los cerros y los desiertos de la costa. Esto sin olvidar, por supuesto, las civilizaciones amazónicas, quienes domesticaron otra serie de especies, como la yuca, incluso en su variedad venenosa, para convertirla en alimento benéfico para la gente; o crearon venenos de sabias fórmulas, como el curare y el barbasco, que les permiten cazar y pescar sin contaminar la carne de los animales.
Más allá del tono, una de las cuestiones que más sorprende del referido escrito es el cambio en la orientación del pensamiento del presidente Alan García. Si en la segunda parte de su primer gobierno impulsaba la estatización de la banca como la solución para el país, ahora promueve la privatización a rajatabla de los recursos y paisajes naturales. Si antes prometía acabar con los services, que consideraba un mecanismo de explotación a los trabajadores, y abanderaba el crédito cero del Banco Agrario, ahora cuestiona “la demagogia que dice: Hay que dar de inmediato todos los derechos a los trabajadores de la microempresa familiar o informal” o hacer que “el Estado dé salud a todos sin que coticen y les dé a todos una pensión mínima sin que hayan aportado”. Coincidimos plenamente, seguramente como muchos otros, con la apreciación del señor presidente que no hay que hacer demagogia al respecto.
De acuerdo con la propuesta del presidente, todos los recursos deben ser transables, incluyendo tanto los de dominio público como los de dominio privado colectivo, vale decir, las tierras comunales. En realidad estas últimas ya lo son, en virtud de una ley de Fujimori de 1995, y si las comunidades no han procedido a disolverlas y venderlas es porque se aferran a una opción propia de vida para manejar y aprovechar sus propios territorios, ya que saben que la alternativa que les deja el sistema es engrosar las masas miserables de la ciudad y del campo, es decir, convertirse en verdaderos integrados al sistema, pero en la única manera como éste incorpora a la población rural al mercado: como espectadores de la riqueza ajena y, en los mejores casos, como ambulantes y subocupados. La otra razón porque las tierras de todas las comunidades no han sido privatizadas es porque las empresas no las encuentren rentables para sus fines.
Afirma el señor presidente que la organización comunal fue creada por el virrey Toledo. En realidad lo que él hizo fue dar mayor impulso a las reducciones con la finalidad de liberar tierras y concentrar mano de obra, sobre todo para las minas, pero el ayllu, eje central que ha articulado la organización de ellas, no fue creación suya, sino aporte propio. Por supuesto que a lo largo de los siglos esta organización se ha ido readecuando, tanto por imposición del poder, incluyendo el republicano, como por necesidades de la gente de responder mejor a los nuevos retos.
¿Si no son las tierras comunales el objetivo de la propuesta privatizadora del presidente, cuáles son los recursos posibles detrás de ella y hacia quién orienta su proclama? Aunque menciona las “canteras y calizas denunciadas pero no trabajadas”, la estatización no va a promover la minería. A las empresas les interesan los minerales y los hidrocarburos, pero no el subsuelo donde éstos se encuentran, ya que después de su agotamiento lo único que quedará es un suelo deteriorado y contaminado. No obstante, cabe la pregunta de por qué el Estado, hoy conducido por el presidente Alan García, no caduca esos denuncios no trabajados, de acuerdo a los procedimientos establecidos por ley, para que puedan ser entregados a otros que postulen a ellos.
¿Quiénes quedan en la lista? Los madereros y las empresas interesadas en controlar el agua, que no son sólo las que la usan para regar tierras de cultivo sino también las dedicadas a la producción y procesamiento de minerales metálicos. Estas últimas requieren volúmenes de agua y, sobre todo, que nadie las moleste con el tema de la contaminación. La propuesta del señor presidente coincide con un proyecto ley para privatizar suelos con capacidad de uso forestal, dirigida a aquéllos que han perdido su cubierta boscosa y a tierras eriazas. De acuerdo al Diccionario de la Academia de la lengua Española, eriazo, derivado de erial, es un adjetivo que se aplica a la tierra o campo sin cultivar ni labrar. Claro, en el Perú estas características las cumplen muchas tierras, porque gran parte de ellas, en especial las de la Amazonía, no son de vocación agrícola sino forestal, lo cual no quiere decir que sean siempre útiles para la producción de madera, porque con una orografía como la del país, las más de las veces deben cumplir un papel protector de cuencas y de procesos biológicos.
Hace poco, este mismo año, se denunciaron varios casos de entrega de concesiones para reforestación en bosque prístinos, situados principalmente en la frontera con Brasil. Estos sucesos, que ya hacen parte ya del inventario de los fraudes nacionales, dan pie a que formulemos algunas especulaciones sobre aplicaciones posibles de la norma. Por ejemplo, la destrucción de la capa boscosa para luego pedir la propiedad argumentando la intención de reforestar. Por lo demás, una vez que una empresa acceda a la propiedad de tierras para reforestación, la ley propuesta no prevé ningún mecanismo para controlar el cumplimiento de esta finalidad.
Las concesiones es su fórmula actual ofrecen garantías más que suficientes para que las empresas manejen los recursos de manera sostenible y ganen buen dinero, ya que ellas se entregan en extensiones de hasta 40.000 hectáreas y por periodos de hasta 40 años renovables, y renovables de manera indefinida. ¿Esto no es garantía sólida para ellas? El problema no es la garantía sino la mentalidad saqueadora de los madereros, quienes, según señala Antonio Brack, explotan la madera como si se tratara de un recurso no renovable. El ejercicio del dominio sobre los bosques no ha sido ni es ningún problema para los madereros, sin importar que éstos se encuentren en tierras comunales, áreas naturales protegidas o tierras de cualquier categoría bajo dominio del Estado. Con las primeras, hacen “contratos” leoninos, que además de míseros pagos, destruyen el bosque, hábitat de animales que la gente consume. Además, las dejan en deuda frente a SUNAT, porque los miles de pies de madera que se llevan son facturados a nombre de las comunidades, que de esta manera se convierten en primeros contribuyentes, sin haber visto ni el 1% del valor producido. En el caso de las tierras de dominio del Estado, sea cual fuese su categoría, los madereros tienen incluso menores costos, que se reduce a una modesta coima o, en última instancia, en los pocos casos que la madera ha sido decomisada, a la compra de ésta a precio de ganga y con el trasporte desde el lugar de incautación hasta la ciudad pagado por el Estado. Si después de todos estos beneficios quieren aún la propiedad, no sospechar de otras intenciones es ya un exceso de inocencia.
Las comparaciones que hace el señor presidente de la producción de madera en Chile y Uruguay adolecen de falta de contexto, ya que en se trata de bosques templados y no tropicales, como los del Perú, que son sembrados con especies exóticas (pino y eucalipto) en tierras agrícolas de gran fertilidad, que en caso del primer país fueron usurpadas por Pinochet a sus legítimos propietarios, los mapuches, que como indígenas originarios estaban allí antes que “los García y que los Pérez”, por citar una frase del presidente, dicha en uno de los Rimanaccuy que organizara durante su primer gobierno. Brasil, con más del 50% de su población en situación de pobreza, tampoco es un buen ejemplo.
En fin, no quiero extender más estas reflexiones, pero sí quiero señalar que la construcción de un país con economía sólida depende de medidas más complejas que la privatización de sus recursos. Hacer que el Estado funcione con eficiencia y honestidad es una de ellas. Cito unos pocos ejemplos. En seis meses el Ministerio del Interior ha sido sacudido por dos escándalos vinculados con una licitación de patrulleros. Que haya cinco muertos por vacunas de fiebre amarilla distribuidas por el Ministerio de Salud, me hace recordar a Vallejo: Jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal. El respeto a los derechos de pueblos con organización social y económica diferente a la hegemónica, es otra condición para construir un país sano. También, por supuesto, el respeto a su integridad y su vida, sea que se trate de población no contactada (no es “no conectada”, señor presidente) o contactada. La destrucción del medio ambiente por empresas mineras y de hidrocarburos no es un asunto del siglo pasado, sino muy actual. En el anterior gobierno, un ministro de Energía y Minas señaló que el plomo en la sangre de los niños de La Oroya se debía a su costumbre de chupar lápices de colores en la escuela. La medida para reinyectar las aguas de formación en el subsuelo tiene apenas un año, y si bien ha sido dada por el Estado, no partió de su voluntad el impulsarla. Por el contrario, sus gestores, el pueblo Achuar y algunas instituciones sensibles al drama de la contaminación del organismo de la gente y de su medio ambiente, tuvieron que lidiar con el Estado, en condiciones de franca desventaja, para lograr que sea aprobada.
Hubiera preferido que las reflexiones sobre este tema fuesen parte de una labor colectiva, expresada como pronunciamiento, a partir del análisis conjunto entre organizaciones populares, trabajadores de temas de derechos humanos y ambientales, políticos, estudiantes y humanistas en general. Así lo propuse en más de una oportunidad, pero veo que mi capacidad de convocatoria ha sido escasa. Espero que las presentes observaciones puedan motivar este análisis conjunto.
Hace apenas una semana, el Dominical del diario El Comercio publicó un artículo llamado “El síndrome del perro del hortelano”, escrito por el presidente Alan García. Su contenido es simple y puede ser resumido como una propuesta general de privatización de recursos y paisajes naturales del país, la que, una vez producida, capitalizaría a la gente pobre y, sobre todo, a la rica, que con la seguridad jurídica de la propiedad podría invertir en la generación de empresas productivas. La propuesta no es nueva, ya que hace años fue lanzada por Hernando de Soto en su libro “El otro sendero”, quien fue tan lejos que incluso privatizó la autoría del texto, debida a dos personas más. También Mario Vargas Llosa fue un defensor de ella durante su campaña electoral a inicio de 1990. La diferencia entre la propuesta de estos personajes y la del presidente no sólo estriba en la mayor radicalidad de esta última, sino, sobre todo, en el hecho de que, hasta donde recuerdo, a ellos no se les ocurrió calificar de perros de hortelanos, ni de comunistas del siglo XIX enmascarados a quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas y el manejo sostenible de los recursos.
Como se sabe, la biodiversidad es el mayor recurso que tiene el Perú, uno de los 12 países megadiversos del planeta, que los pre-peruanos supieron administrar y desarrollar domesticando especies silvestres de la flora y fauna y creando complejos sistemas agrícolas para zonas que hoy aparecen como pobres y de baja productividad, como las laderas de los cerros y los desiertos de la costa. Esto sin olvidar, por supuesto, las civilizaciones amazónicas, quienes domesticaron otra serie de especies, como la yuca, incluso en su variedad venenosa, para convertirla en alimento benéfico para la gente; o crearon venenos de sabias fórmulas, como el curare y el barbasco, que les permiten cazar y pescar sin contaminar la carne de los animales.
Más allá del tono, una de las cuestiones que más sorprende del referido escrito es el cambio en la orientación del pensamiento del presidente Alan García. Si en la segunda parte de su primer gobierno impulsaba la estatización de la banca como la solución para el país, ahora promueve la privatización a rajatabla de los recursos y paisajes naturales. Si antes prometía acabar con los services, que consideraba un mecanismo de explotación a los trabajadores, y abanderaba el crédito cero del Banco Agrario, ahora cuestiona “la demagogia que dice: Hay que dar de inmediato todos los derechos a los trabajadores de la microempresa familiar o informal” o hacer que “el Estado dé salud a todos sin que coticen y les dé a todos una pensión mínima sin que hayan aportado”. Coincidimos plenamente, seguramente como muchos otros, con la apreciación del señor presidente que no hay que hacer demagogia al respecto.
De acuerdo con la propuesta del presidente, todos los recursos deben ser transables, incluyendo tanto los de dominio público como los de dominio privado colectivo, vale decir, las tierras comunales. En realidad estas últimas ya lo son, en virtud de una ley de Fujimori de 1995, y si las comunidades no han procedido a disolverlas y venderlas es porque se aferran a una opción propia de vida para manejar y aprovechar sus propios territorios, ya que saben que la alternativa que les deja el sistema es engrosar las masas miserables de la ciudad y del campo, es decir, convertirse en verdaderos integrados al sistema, pero en la única manera como éste incorpora a la población rural al mercado: como espectadores de la riqueza ajena y, en los mejores casos, como ambulantes y subocupados. La otra razón porque las tierras de todas las comunidades no han sido privatizadas es porque las empresas no las encuentren rentables para sus fines.
Afirma el señor presidente que la organización comunal fue creada por el virrey Toledo. En realidad lo que él hizo fue dar mayor impulso a las reducciones con la finalidad de liberar tierras y concentrar mano de obra, sobre todo para las minas, pero el ayllu, eje central que ha articulado la organización de ellas, no fue creación suya, sino aporte propio. Por supuesto que a lo largo de los siglos esta organización se ha ido readecuando, tanto por imposición del poder, incluyendo el republicano, como por necesidades de la gente de responder mejor a los nuevos retos.
¿Si no son las tierras comunales el objetivo de la propuesta privatizadora del presidente, cuáles son los recursos posibles detrás de ella y hacia quién orienta su proclama? Aunque menciona las “canteras y calizas denunciadas pero no trabajadas”, la estatización no va a promover la minería. A las empresas les interesan los minerales y los hidrocarburos, pero no el subsuelo donde éstos se encuentran, ya que después de su agotamiento lo único que quedará es un suelo deteriorado y contaminado. No obstante, cabe la pregunta de por qué el Estado, hoy conducido por el presidente Alan García, no caduca esos denuncios no trabajados, de acuerdo a los procedimientos establecidos por ley, para que puedan ser entregados a otros que postulen a ellos.
¿Quiénes quedan en la lista? Los madereros y las empresas interesadas en controlar el agua, que no son sólo las que la usan para regar tierras de cultivo sino también las dedicadas a la producción y procesamiento de minerales metálicos. Estas últimas requieren volúmenes de agua y, sobre todo, que nadie las moleste con el tema de la contaminación. La propuesta del señor presidente coincide con un proyecto ley para privatizar suelos con capacidad de uso forestal, dirigida a aquéllos que han perdido su cubierta boscosa y a tierras eriazas. De acuerdo al Diccionario de la Academia de la lengua Española, eriazo, derivado de erial, es un adjetivo que se aplica a la tierra o campo sin cultivar ni labrar. Claro, en el Perú estas características las cumplen muchas tierras, porque gran parte de ellas, en especial las de la Amazonía, no son de vocación agrícola sino forestal, lo cual no quiere decir que sean siempre útiles para la producción de madera, porque con una orografía como la del país, las más de las veces deben cumplir un papel protector de cuencas y de procesos biológicos.
Hace poco, este mismo año, se denunciaron varios casos de entrega de concesiones para reforestación en bosque prístinos, situados principalmente en la frontera con Brasil. Estos sucesos, que ya hacen parte ya del inventario de los fraudes nacionales, dan pie a que formulemos algunas especulaciones sobre aplicaciones posibles de la norma. Por ejemplo, la destrucción de la capa boscosa para luego pedir la propiedad argumentando la intención de reforestar. Por lo demás, una vez que una empresa acceda a la propiedad de tierras para reforestación, la ley propuesta no prevé ningún mecanismo para controlar el cumplimiento de esta finalidad.
Las concesiones es su fórmula actual ofrecen garantías más que suficientes para que las empresas manejen los recursos de manera sostenible y ganen buen dinero, ya que ellas se entregan en extensiones de hasta 40.000 hectáreas y por periodos de hasta 40 años renovables, y renovables de manera indefinida. ¿Esto no es garantía sólida para ellas? El problema no es la garantía sino la mentalidad saqueadora de los madereros, quienes, según señala Antonio Brack, explotan la madera como si se tratara de un recurso no renovable. El ejercicio del dominio sobre los bosques no ha sido ni es ningún problema para los madereros, sin importar que éstos se encuentren en tierras comunales, áreas naturales protegidas o tierras de cualquier categoría bajo dominio del Estado. Con las primeras, hacen “contratos” leoninos, que además de míseros pagos, destruyen el bosque, hábitat de animales que la gente consume. Además, las dejan en deuda frente a SUNAT, porque los miles de pies de madera que se llevan son facturados a nombre de las comunidades, que de esta manera se convierten en primeros contribuyentes, sin haber visto ni el 1% del valor producido. En el caso de las tierras de dominio del Estado, sea cual fuese su categoría, los madereros tienen incluso menores costos, que se reduce a una modesta coima o, en última instancia, en los pocos casos que la madera ha sido decomisada, a la compra de ésta a precio de ganga y con el trasporte desde el lugar de incautación hasta la ciudad pagado por el Estado. Si después de todos estos beneficios quieren aún la propiedad, no sospechar de otras intenciones es ya un exceso de inocencia.
Las comparaciones que hace el señor presidente de la producción de madera en Chile y Uruguay adolecen de falta de contexto, ya que en se trata de bosques templados y no tropicales, como los del Perú, que son sembrados con especies exóticas (pino y eucalipto) en tierras agrícolas de gran fertilidad, que en caso del primer país fueron usurpadas por Pinochet a sus legítimos propietarios, los mapuches, que como indígenas originarios estaban allí antes que “los García y que los Pérez”, por citar una frase del presidente, dicha en uno de los Rimanaccuy que organizara durante su primer gobierno. Brasil, con más del 50% de su población en situación de pobreza, tampoco es un buen ejemplo.
En fin, no quiero extender más estas reflexiones, pero sí quiero señalar que la construcción de un país con economía sólida depende de medidas más complejas que la privatización de sus recursos. Hacer que el Estado funcione con eficiencia y honestidad es una de ellas. Cito unos pocos ejemplos. En seis meses el Ministerio del Interior ha sido sacudido por dos escándalos vinculados con una licitación de patrulleros. Que haya cinco muertos por vacunas de fiebre amarilla distribuidas por el Ministerio de Salud, me hace recordar a Vallejo: Jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal. El respeto a los derechos de pueblos con organización social y económica diferente a la hegemónica, es otra condición para construir un país sano. También, por supuesto, el respeto a su integridad y su vida, sea que se trate de población no contactada (no es “no conectada”, señor presidente) o contactada. La destrucción del medio ambiente por empresas mineras y de hidrocarburos no es un asunto del siglo pasado, sino muy actual. En el anterior gobierno, un ministro de Energía y Minas señaló que el plomo en la sangre de los niños de La Oroya se debía a su costumbre de chupar lápices de colores en la escuela. La medida para reinyectar las aguas de formación en el subsuelo tiene apenas un año, y si bien ha sido dada por el Estado, no partió de su voluntad el impulsarla. Por el contrario, sus gestores, el pueblo Achuar y algunas instituciones sensibles al drama de la contaminación del organismo de la gente y de su medio ambiente, tuvieron que lidiar con el Estado, en condiciones de franca desventaja, para lograr que sea aprobada.
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