Cuarto Ambiente

PRESENTAN SEGUNDO INFORME DEL OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS:

Se agravan conflictos mineros debido a reubicación de comunidades y vulneración a derechos de propiedad de tierras comunales

Presentan evolución de los conflictos vinculados a la actividad minera en las regiones de Apurímac, Cajamarca, Cusco, Piura y Junín.

Con la participación de Jose De Echave de CooperAcción, el padre Marco Arana de Grufides y Javier Jahncke de Fedepaz se realizó la presentación del Segundo Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), donde se prevé el incremento de los conflictos mineros debido a la reubicación y/o desplazamiento de comunidades, como es el caso de Morococha y Fuerabamba en Apurímac, debido al incremento considerable de actividades de exploración y el intento de desarrollar nuevos proyectos sin que se logren acuerdos con las poblaciones vecinas.

Según el Informe OCM de los problemas ambientales (contaminación de las aguas, el aire y la tierra), se ha pasado a los conflictos por tema de propiedad, debido a los últimos Decretos Legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo en el marco de implementación del TLC, como es el caso concreto del DL 1015, que modifica el art. 7º de la Ley 24656, ha sido uno de los más controvertidos en el paquete de decretos del perro del hortelano. Este establecía inicialmente que para "disponer" de sus tierras las Comunidades Campesinas y nativas de la Sierra y Selva requieren del acuerdo de Asamblea Comunal adoptado por la mitad de los comuneros asistentes.

Con ello se ha buscado unificar los procedimientos de decisión de las comunidades de costa, sierra y selva, sin tomar en cuenta sus diferentes características, culturales, sociales y buscando facilitar el acceso a actividades extractivas como la minería y los biocombustibles (caña y palma aceitera), entre otras.

Jose De Echave de Cooperación señaló que la política del perro del hortelano se ha traducido en una serie de decretos legislativos que afectan los derechos de las comunidades. Como es el caso de los Decretos Legislativos 1015º y 1073º reducen los estándares de votación para que las comunidades campesinas y nativas puedan disponer de sus tierras. Asimismo sostuvo que bajo esa misma lógica se publicó el Decreto Legislativo Nº 1064 que regula una serie de elementos: cambio de uso de tierra forestal, facultades de COFOPRI, tierras de comunidades campesinas.

Otro factor a destacar en el informe es el tema laboral en el escenario de conflictos mineros.
Según el informe OCM, sólo en el primer semestre de este año se han realizado 26 huelgas mineras, seguidas por 12.712 trabajadores. El año 2007 las huelgas se han incrementado a 29, donde se perdieron 2 057,232 horas de trabajo, mientras que el 2006 se dieron 7 huelgas mineras (78,720 horas perdidas).

Un problema que ha cobrado fuerza durante este año es el fuerte incremento de la persecución judicial y política contra los comuneros que defienden sus tierras y protestan contra las leyes que facilitan la concesión indiscriminada de recursos naturales y los decretos legislativos represivos del gobierno.
El Padre Marco Arana señaló que actualmente hay más de 300 campesinos han sido detenidos. "La persecución contra los comuneros ha crecido en los últimos meses, inclusive ocho campesinos están por recibir sentencia en los próximos días", dijo. Asimismo denunció que en los casos de los campesinos hay una extraña rapidez para emitir las sentencias, cuando en otros procesos los tribunales demoran un tiempo realmente largo.

"Ha habido una rapidez extraña para judicializar y emitir sentencia contra los campesinos; evidentemente quieren atemorizar a las comunidades. Se sigue utilizando el amedrentamiento, pero no por eso las comunidades han dejado de reclamar sus derechos", apuntó Arana, para quien la política del 'Perro del Hortelano' ha aumentado la violencia y la criminalización de la protesta, sobre todo en el interior del país.

Cada uno de los casos presentados en el informe muestran un conjunto de características que aportan al análisis; pero al mismo tiempo también contribuyen a la agenda global: como construir gobernabilidad democrática, la agenda de derechos, por lo tanto el tema de la participación ciudadana, el de la consulta, la necesidad de construir instrumentos de gestión como el ordenamiento territorial, la zonificación, además de la transparencia financiera, el acceso a información, el tema laboral, etc.

Datos sobre concesiones mineras:
Ø 40% del territorio de Apurímac se encuentran concesionados
Ø En Cajamarca la concesión minera representa el 37.6% de territorio concesionado
Ø En Cusco el 16% de su territorio se encuentra concesionado
Ø 18.4 de del territorio de Piura se encuentran concesionados

Acceso al Segundo Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú:
http://lemongeek.net/cd2_mineria/index.html