Los bosques están en peligro vía decreto
Piden derogar DL 1090 porque promueve venta de 45 millones de producción forestal. Expertos, dirigentes sociales y autoridades regionales rechazan la norma, mientras que los indígenas evalúan medidas de fuerza.
Por: Milagros Salazar.
Los vacíos de la ley pueden ser llenados peligrosamente en el campo. La realidad no miente. "Todos estos terrenos que ahora ves llenos de árboles y frutales formaban parte hasta hace poco de un bosque primario. En gran parte de la Amazonía se ven terrenos inmensos que parecen improductivos, pero que cuentan con una producción forestal potencial", explica Marcos Ríos Quiroz, jefe de Sistemas Agroforestales del gobierno regional de Loreto, mientras recorremos parcelas aledañas a la carretera Iquitos-Nauta que se encuentran en recuperación.
El decreto legislativo 1090, promulgado por el Ejecutivo para implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, pone en peligro precisamente al 60% de los bosques primarios del país porque les quita la denominación de patrimonio forestal que los protege para pasarlos al régimen agrario que permitiría ponerlos en venta, lo que equivale a 45 millones de hectáreas, resaltó el presidente del Foro Ecológico, Sandro Chávez, en una reciente audiencia pública realizada en Iquitos para analizar la polémica norma.
Intereses Agazapados
"El objetivo del gobierno es promover plantaciones para biocombustibles en tierras forestales", sentenció el especialista ante la audiencia iquiteña convocada por el gobierno regional de Loreto y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Parlamento que preside Roger Nájar. La participación fue a sala llena.
En nuestra caminata, las palabras de Chávez cobran sentido. En un terreno aledaño del Proyecto Agroforestal y Ordenamiento de Cultivos que desarrolla el gobierno regional de Loreto entre 500 familias, vimos chacras quemadas, árboles desaparecidos que fueron reemplazados por extensiones de palma aceitera utilizada para la generación de biocombustibles.
Nada es Casual
Nájar advirtió que hay más de 10 solicitudes ante el gobierno central para proyectos de biocombustibles con una extensión de 10 mil hectáreas cada uno, y aseguró que conversará con el nuevo ministro de Agricultura, Carlos Leyton Muñoz, para que fije posición sobre el DL 1090, en vista de que el funcionario ha reconocido que hay decretos que deben ser revisados en la misma línea de lo señalado por el premier Yehude Simon.
Leyton ha sido convocado para el martes junto al titular del Ambiente, Antonio Brack, a la Comisión de Pueblos Andinos.
El Oro Verde
Los especialistas, las organizaciones sociales, las autoridades regionales de Ucayali, Amazonas y Loreto coincidieron en la necesidad de derogar el DL 1090 y no en corregirla en el reglamento, porque no solo pone en peligro a los bosques sino "genera condiciones permisivas para la tala y el comercio ilegal de la madera". Esto porque el artículo 41 de la norma abre paso para que la madera ilegal incautada pueda estar sujeta a una adjudicación directa y ser vendida y legalizada.
Loreto es la región más grande de la Amazonía y las autoridades de Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) apenas pueden fiscalizar entre 5% y 10% de los recursos de los bosques, según el coordinador del Grupo Regional Carlos Cornejo Arana. Pese a esta debilidad, el Ejecutivo aprobó una norma que agudiza el problema.
El movimiento indígena también ha mostrado su rechazo, pero pide que en el proyecto de ley 2691 que promueve el Bloque Popular con la legisladora Elizabeth León y Roger Nájar para derogar el DL 1090, se incorpore la visión indígena sobre el territorio y sus recursos.
Por eso el ingeniero forestal de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), César Serdán, pidió que la iniciativa legislativa garantice de modo explícito la consulta previa en términos establecidos por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, a fin de que no se entienda por consulta la simple ejecución de talleres informativos.
Sendos Cuestionamientos
El vicepresidente de Aidesep, Robert Guimaraes, dijo que en diciembre la dirigencia indígena evaluará medidas de fuerza contra el polémico decreto y otros que afectan a la Amazonía.
Otros cuestionamientos al DL 1090 se centran en que reduce la participación de la sociedad civil al desactivar la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y los comités de gestión de bosques. Eso atentaría contra la descentralización, pues resta funciones a las regiones en el tema forestal y agudiza la exclusión de la cadena productiva a los pequeños productores. Los motivos para elaborar una nueva ley forestal y de fauna silvestre sobran.
"El objetivo del gobierno es promover plantaciones para biocombustibles en tierras forestales", sentenció el especialista ante la audiencia iquiteña convocada por el gobierno regional de Loreto y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Parlamento que preside Roger Nájar. La participación fue a sala llena.
En nuestra caminata, las palabras de Chávez cobran sentido. En un terreno aledaño del Proyecto Agroforestal y Ordenamiento de Cultivos que desarrolla el gobierno regional de Loreto entre 500 familias, vimos chacras quemadas, árboles desaparecidos que fueron reemplazados por extensiones de palma aceitera utilizada para la generación de biocombustibles.
Nada es Casual
Nájar advirtió que hay más de 10 solicitudes ante el gobierno central para proyectos de biocombustibles con una extensión de 10 mil hectáreas cada uno, y aseguró que conversará con el nuevo ministro de Agricultura, Carlos Leyton Muñoz, para que fije posición sobre el DL 1090, en vista de que el funcionario ha reconocido que hay decretos que deben ser revisados en la misma línea de lo señalado por el premier Yehude Simon.
Leyton ha sido convocado para el martes junto al titular del Ambiente, Antonio Brack, a la Comisión de Pueblos Andinos.
El Oro Verde
Los especialistas, las organizaciones sociales, las autoridades regionales de Ucayali, Amazonas y Loreto coincidieron en la necesidad de derogar el DL 1090 y no en corregirla en el reglamento, porque no solo pone en peligro a los bosques sino "genera condiciones permisivas para la tala y el comercio ilegal de la madera". Esto porque el artículo 41 de la norma abre paso para que la madera ilegal incautada pueda estar sujeta a una adjudicación directa y ser vendida y legalizada.
Loreto es la región más grande de la Amazonía y las autoridades de Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) apenas pueden fiscalizar entre 5% y 10% de los recursos de los bosques, según el coordinador del Grupo Regional Carlos Cornejo Arana. Pese a esta debilidad, el Ejecutivo aprobó una norma que agudiza el problema.
El movimiento indígena también ha mostrado su rechazo, pero pide que en el proyecto de ley 2691 que promueve el Bloque Popular con la legisladora Elizabeth León y Roger Nájar para derogar el DL 1090, se incorpore la visión indígena sobre el territorio y sus recursos.
Por eso el ingeniero forestal de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), César Serdán, pidió que la iniciativa legislativa garantice de modo explícito la consulta previa en términos establecidos por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, a fin de que no se entienda por consulta la simple ejecución de talleres informativos.
Sendos Cuestionamientos
El vicepresidente de Aidesep, Robert Guimaraes, dijo que en diciembre la dirigencia indígena evaluará medidas de fuerza contra el polémico decreto y otros que afectan a la Amazonía.
Otros cuestionamientos al DL 1090 se centran en que reduce la participación de la sociedad civil al desactivar la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y los comités de gestión de bosques. Eso atentaría contra la descentralización, pues resta funciones a las regiones en el tema forestal y agudiza la exclusión de la cadena productiva a los pequeños productores. Los motivos para elaborar una nueva ley forestal y de fauna silvestre sobran.
Datos
Opinión. La Defensoría del Pueblo advirtió que el DL 1090 puede generar que se deforesten los bosques primarios y se permita legalizar la madera ilegal incautada.
Ojo. La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos pidió al Perú resolver el problema del DL 1090 como parte de la implementación del TLC.
Reacciones
"El DL 1090 es un riesgo. Promueve la inversión cuando falta más información de la situación de los bosques".
José Luis Capella
Sociedad Peruana de Derecho ambiental
"¿Cómo queremos construir democracia haciendo leyes como éstas sin consultar a nadie?".
Sandro Chávez
Foro ecológico
Sociedad Peruana de Derecho ambiental
"¿Cómo queremos construir democracia haciendo leyes como éstas sin consultar a nadie?".
Sandro Chávez
Foro ecológico
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