Cuarto Ambiente

Pronunciamientos

La sociedad civil condena la masacre de indígenas en el Perú y hace un llamado al Perú y a la Comunidad Internacional para que se respeten los derechos humanos

6 de junio de 2009

Nosotros, las organizaciones abajo firmantes, condenamos la violencia contra los manifestantes pacíficos indígenas y la policía en el Perú, que ha resultado en la muerte de al menos 30 personas hasta la fecha.

Hacemos un llamado tanto al Gobierno del Perú como a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) para que establezcan un diálogo de buena fe para prevenir una mayor escalada de violencia. Apremiamos a la comunidad internacional para que envíe un claro mensaje a Perú de que la represión militar no es una forma aceptable para la resolución de conflictos.

La actual y violenta crisis en el respeto de los derechos humanos ilustra de forma vívida las consecuencias de un fracaso sistemático en los procesos básicos de gobernanza relativos a procesos de consulta, tenencia de tierras y acceso a los recursos.

La movilización de los pueblos indígenas que desembocó en violencia el pasado viernes comenzó en abril como reacción a una serie de leyes promulgadas por el gobierno del Presidente Alan García durante el pasado año. Las leyes contienen disposiciones que las organizaciones indígenas consideran como una amenaza a sus derechos fundamentales de acceso y toma de decisiones sobre sus bosques, recursos y territorios. Dichas leyes fueron redactadas y aprobadas sin ningún tipo de consulta formal o informal con los pueblos indígenas, en violación de los compromisos asumidos por el Perú bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esta es la segunda ocasión en menos de un año en que los pueblos indígenas amazónicos han tenido que recurrir a grandes bloqueos prolongados de carreteras, ríos e infraestructuras de las industrias extractivas, después de que sus frecuentes peticiones de consulta y diálogo hayan sido ignoradas en Lima.

El trágico desarrollo de estos incidentes pone en evidencia que ignorar los derechos de los pueblos y su participación en los procesos que afectan sus tierras y medios de vida puede resultar en serios conflictos sociales y políticas fallidas. Mientras lo negociadores de cambio climático se reúnen en Bonn, se debe prestar especial atención a estos sucesos y las lecciones que de ellos pueden extraerse, de forma que pueda garantizarse que los derechos de los pueblos indígenas se consideren como una parte integral de cualquier acuerdo final para salvar los bosques y el clima.

Amazon Alliance
Asian Indigenous Women's Network (AIWN).
COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica)
Consumers Association of Penang, Malaysia
Ecologistas en Acción, Spain
Ecological Society of the Philippines
Environmental Investigation Agency, US & UK
FERN
Friends of the Earth International
Global Exchange, United States
Global Social Justice, Belgium
Global Witness, UK
Greenpeace International
Humane Society International, Australia
Indigenous Environmental Network (IEN)
International Accountability Project, US
International Youth Caucus, Bonn
North East Peoples Alliance on Trade, Finance and Development, India
Rainforest Action Network, United States
Rainforest Foundation UK
Salva le Foreste, Italy
Sierra Club, United States
Sustainability Watch Network, Central America
Tebtebba (Indigenous Peoples' International Centre for Policy Research and Education)
Terra!, Italy
Third World Network
Wetlands International, Netherlands
World Rainforest Movement, Uruguay
The Wilderness Society, Australia

Imposición a sangre y fuego de modelo económico neoliberal
ha llevado a la masacre de decenas de peruanos en la Amazonía

El Perú vive horas trágicas desde la madrugada de ayer. Decenas de peruanos han perdido la vida en las últimas horas, al menos 11 policías y una cantidad aún no determinada de indígenas, producto de enfrentamientos iniciados con la violenta operación de desbloqueo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la zona de la Curva del Diablo (Bagua, Amazonas) a cargo de fuerzas combinadas de la policía y el ejército.

La masacre pudo ser evitada, nunca debió producirse. Las comunidades indígenas amazónicas han sido agredidas y olvidadas durante más de 500 años. Han primado por varios siglos intereses privados, extranjeros y nacionales, por sobre los derechos y las libertades de los habitantes ancestrales de la Amazonía. Hoy en día, en pleno siglo veintiuno, a pesar que existen herramientas legales de carácter supranacional que protegen los derechos de las poblaciones indígenas, continúan el despojo y el desprecio por nuestras comunidades.

El gobierno aprista presidido por Alan García, elegido en el año 2006 con un claro mandato de cambio de modelo económico, ha traicionado la voluntad popular al profundizar las políticas de corte neoliberal sin importarle incluso violar la Constitución y los convenios internacionales suscritos por el Estado peruano. De la mano con grandes intereses de empresas transnacionales y nacionales a las que parece representar, desarrolló el discurso del “Perro del Hortelano” para satanizar a quienes en defensa de los recursos naturales de todos los peruanos y peruanas se oponen a privatizaciones y concesiones absolutamente lesivas para los intereses nacionales.

En junio del año 2008, al amparo de facultades delegadas por el Congreso de la República en el marco de la implementación del TLC con los Estados Unidos, el gobierno promulgó un conjunto de decretos legislativos atentatorios contra los derechos de las comunidades indígenas de la Amazonía.

Sin respetar el Convenio 169 de la OIT, ni el gobierno ni el Congreso de la República sometieron a consulta con los pueblos indígenas el fondo de los decretos. Se iniciaron entonces las justificadas
protestas en la Amazonía exigiendo la derogatoria de los decretos así como el pedido de diálogo con las autoridades del gobierno y el poder legislativo para llegar a acuerdos conducentes a políticas de desarrollo integral de los pueblos amazónicos.

Ha pasado casi un año desde el inicio del conflicto, agudizado en los últimos dos meses debido a la
escasa apertura de las autoridades. Lejos de resolver los problemas, el gobierno ha implementado un conjunto de medidas dilatorias instalando improductivas mesas de diálogo, tratando de quebrar la unidad de las organizaciones amazónicas, y postergando inexplicablemente el debate y derogatoria de los decretos legislativos a través de maniobras pueriles en el Congreso de la República, habiendo incluso un dictamen de la comisión de Constitución favorable a la derogatoria. La sucesión de errores y actos antidemocráticos, tuvo como última medida la intervención violenta de ayer en Bagua, ocasionando una tragedia que aún no ha terminado.

El gobierno es el gran responsable político de la muerte de civiles y policías, de las decenas de heridos y de las pérdidas materiales ocasionadas. El presidente del Consejo de Ministros, Yehude
Simon, y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, como responsables políticos directos deben dar amplias explicaciones al país sobre los sucesos. Así mismo, corresponde a la mayoría aprista y a sus aliados en el Congreso facilitar el debate y la derogatoria de los decretos legislativos inconstitucionales, con la finalidad de avanzar en una solución legal y pacífica al conflicto.

La gravedad de los hechos exige la formación de una comisión mediadora, que podría ser integrada por la Defensoría del Pueblo, representantes de organismos internacionales con carácter humanitario y miembros de la Iglesia Católica. No podemos permitir que se sigan perdiendo más vidas humanas, ni de civiles ni de policías.

Urge, así mismo, que las autoridades pongan mayor atención en la identificación de las víctimas y
atención a los heridos civiles de las localidades en las que se han desarrollado los enfrentamientos.

Finalmente, exigimos al gobierno respetar la libertad de expresión, especialmente de medios de comunicación local y regional que informan sobre la gravedad de los hechos en las regiones de Loreto, Amazonas y Cajamarca. Rechazamos las amenazas contra Radio y Televisión Oriente de Yurimaguas, emisora asociada a la Coordinadora Nacional de Radio, Radio Visión de Jaén y radio La Voz de Utcubamba, medios de comunicación que cumplen con la misión de informar y abrir espacios de diálogo y propuesta respecto a la problemática amazónica.

Consejo Directivo Nacional

Lima, 6 de junio del 2009

La Coordinadora Nacional de Radio es afiliada a:
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE
RADIOS COMUNITARIAS AMARC – ALC EDUCACIÓN RADIOFÓNICA ALER

No más muertes

Los argumentos no pueden ser rebatidos con la violencia.
Alto a la masacre de los pueblos indígenas

Lamentamos profundamente la muerte hasta ahora de 25 dirigentes indígenas y pobladores de Bagua así como de 7 miembros de las fuerzas policiales.

Después de 55 días de paro indígena amazónico y negociaciones, el gobierno aprista ha iniciado el ataque por aire y tierra sobre la población indígena, campesina y mestiza de Bagua, provocando una respuesta violenta pero, sobre todo, buscando criminalizar la protesta y deslegitimar la naturaleza justa de la demanda indígena.

Esta acción gubernamental no es casual ni aislada sino que es la respuesta desesperada a los acontecimientos de la víspera. El pasado jueves 4 de junio la bancada aprista logró boicotear el acuerdo de debatir en el pleno del Congreso el dictamen que considera inconstitucional al Decreto Legislativo 1090. Sin embargo, ese mismo día, la Defensoría del Pueblo presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1064 ante el Tribunal Constitucional, dándole la razón a los reclamos de los pueblos indígenas.

El gobierno en vez de atenerse a la práctica democrática de oír las recomendaciones de las instituciones establecidas, rompió el dialogo y desde las 5 de la mañana de hoy ha iniciado el operativo para descabezar la protesta indígena, matando a Santiago Manuig Valera y buscando amedrentar a Segundo Alberto Pizango y otros dirigentes.

Las repudiables acciones de Bagua ponen en evidencia la intención del gobierno de no derogar los decretos, aun a costa de la vida de ciudadanos, indígenas y policías. Consideramos que, viviendo en democracia, los conflictos deben ser resueltos por otros medios sin sacrificar la vida de quienes defienden sus tierras, bosques y aguas y el respeto a su identidad.

Las organizaciones que suscribimos pedimos:

- Que se establezca el alto al fuego y se detenga la violencia.

- Que el Congreso de la República asuma su responsabilidad y atienda inmediatamente la situación de los decretos legislativos cuestionados.

- Que la Defensoría del Pueblo culmine el estudio de los Decretos Legislativos cuestionados en el más breve plazo.

- Que las partes retomen el diálogo y se de solución a los temas de la agenda establecida.


Lima, 5 de junio de 2009

Instituto del Bien Común
Foro Ecológico del Perú
Siguen firmas......