Cuarto Ambiente

Las Áreas Protegidas y el Desarrollo Sostenible

Por. Rodrigo Arce (*)

En el siglo pasado para un grueso sector de actores involucrados ligados a las Áreas Protegidas (AP) con el desarrollo sostenible era considerado una herejía y según estos actores esto era producto de una mala comprensión de los objetivos de la conservación de la naturaleza.

Para entender esta situación hay que tomar en cuenta que ha habido una evolución de la concepción de las AP desde una visión más proteccionista hasta un enfoque cada vez con mayor apertura para reconocer los objetivos económicos tanto de las comunidades locales como del propio país. Así se ha transitado de un enfoque centrado en el guardaparque (vigilancia), luego centrado en el residente naturalista (científico) y actualmente en el encargado de relaciones con las comunidades (parques para la gente). Esta apertura a los objetivos económicos de comunidades, inversionistas y el propio país han provocado una serie de medidas innovadoras como contratos de administración total o parcial de AP, creación de formas complementarias de conservación tales como las Áreas Regionales de Conservación e incluso Áreas de Conservación Privada bajo la figura de concesiones.

Todas estas figuras parten del hecho de reconocer la importancia de la conservación de muestras ecológicas representativas del país, el reconocimiento que no existen los recursos económicos suficientes para garantizar el manejo de las AP y a su vez las posibilidades de generar beneficios económicos y sociales asociados a la conservación. Lo importante de todo este fenómeno es que no se pierde de vista los objetivos de conservación, sólo que ahora con una orientación más clara hacia el desarrollo sostenible. Hasta aquí los avances.

No obstante, existen algunos retos necesarios a enfrentar para consolidar un esquema de AP vinculadas al Desarrollo Sostenible. Uno de los primeros elementos que reconocemos es el reconocer el contexto de la descentralización, de la democratización y construcción de ciudadanía en el país. Ello plantea la necesidad de lograr un esquema administrativo en el que se conjuguen claramente competencias, funciones y atribuciones que no generen conflictividad institucional sea por traslape de funciones o por vacíos. En este aspecto, las tensiones entre intereses por el suelo y el subsuelo deben armonizarse. Las iniciativas de conservación a nivel municipal o a nivel comunal deben tener la suficiente atención y por el contrario no deberán ser recortadas. La aplicación del principio de subsidiaridad es clave en este proceso.

Otro elemento se refiere al necesario Ordenamiento Territorial y planificación participativa del uso de tierras para contextualizar las AP en un esquema de desarrollo regional o local. Ante la ausencia de estos instrumentos de planificación no son raros los conflictos que se generan por proyectos de industrias extractivas, proyectos viales o de ampliación de la frontera agrícola/ganadera que promueven algunas autoridades. A estas alturas existe un consenso sobre la importancia de las AP pero que no necesariamente se traduce cuando se trata de promover inversiones, que siendo necesarias, deben ubicarse y contextualizarse en un enfoque de gestión de ecología de paisajes y de respeto a las comunidades locales entre las que se incluyen los pueblos indígenas.

Un tercer elemento refiere al tratamiento de los objetivos. Ya no se trata únicamente de que la gente y los actores trabajan en función a los objetivos del AP (propuesta válida pero incompleta) sino qué tanto funcionarios y actores locales trabajan para satisfacer mutuamente sus objetivos en un marco de desarrollo sostenible. La ecuación es simple: conservación es igual (o debe ser igual) a desarrollo sostenible de las poblaciones locales. Poblaciones excluidas y pobreza son factores que promueven el mal uso o deterioro de los recursos, mientras que poblaciones incluidas y con opciones de bienestar son los mejores aliados de conservación. Para ello se requiere por tanto mayores esfuerzos para desplegar alternativas de aprovechamiento sostenible de recursos en las zonas donde corresponda. Otra vez, un enfoque de ecología de paisajes produce un efecto sinergético entre las AP y las unidades de aprovechamiento sostenible. En este marco se requiere enfoques plurales y diversificados de modelos económicos y de gestión comunitaria y aprovechar de mejor manera iniciativas de compensación por servicios ecosistémicos.

Una preocupación adicional refiere a la necesidad de que los funcionarios y las comunidades locales asuman en su real dimensión los impactos del cambio de uso de la tierra en la emisión de gases de efecto invernadero. Problemas como afectación de la diversidad, la sabanización de la Amazonía, los eventos climáticos extremos ponen en riesgo no sólo a las AP sino también a las propias unidades de manejo sostenible de recursos de las comunidades locales. Por tanto, así como se habla de la necesidad de diseñar mecanismos equitativos de distribución de beneficios, también es necesario asumir una corresponsabilidad para la mitigación y adaptación al cambio climático. Es obvio que estos problemas no se reducen únicamente a la región sino que son producto de procesos de afectación del sistema atmosférico a nivel global, pero ello no impide que a nivel regional o local se puedan desplegar los mecanismos necesarios para salvaguardar el bienestar humano y el bienestar de los ecosistemas en las AP.

Se requiere por tanto que las políticas públicas y la participación ciudadana se encuentren para hacer que las AP efectivamente contribuyan al desarrollo sostenible. Es bueno reconocer que los paradigmas en la gestión de las AP han cambiado pero tan importante como reconocerlas es gestionarlas efectivamente.

(*) Ingeniero Forestal, rarcerojas@yahoo.es