Cuarto Ambiente

EIA PIDIÓ AL GOBIERNO DE EEUU QUE ACTIVE LOS MECANISMOS DEL TLC PARA LAS EXPORTACIONES DE TALA ILEGAL DE PERÚ

La organización ambientalista entregó un pedido formal a la Oficina de Comercio de EEUU con evidencias de docenas de embarques que violan leyes nacionales, internacionales y el TLC Perú-EEUU

Washington DC, 17 de Abril del 2012 – La ONG Environmental Investigation Agency (Agencia de Investigación Ambiental, EIA) presentó esta semana un pedido formal ante el Gobierno de Estados Unidos para que active los mecanismos previstos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-EEUU para investigar y verificar el origen legal de las exportaciones de madera provenientes de al menos dos empresas peruanas y auditar a varias más.

El 10 de abril pasado, EIA hizo públicos los resultados de una investigación que demuestra que, entre el 2008 y el 2010, Perú exportó a EEUU más de 100 embarques conteniendo millones de dólares en cedro y caoba extraídos ilegalmente de la Amazonía peruana. Esta madera ha sido extraída y comercializada en contra de las leyes peruanas y norteamericanas, de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y, más recientemente, del TLC Perú-EEUU.

El TLC Perú-EEUU, que entró en funcionamiento en enero del 2009, incluye un  novedoso “Anexo sobre el manejo del sector forestal” que contiene una serie de medidas que permiten que EEUU solicite a Perú el desarrollo de auditorías a los concesionarios o exportadores sobre los que exista sospecha de estar comercializando madera ilegal, y la conducción de verificaciones sobre embarques específicos de madera. Si se encuentra evidencia de ilegalidades o declaraciones intencionalmente falsas, EEUU puede tomar medidas tales como el decomiso de embarques específicos o incluso prohibir el ingreso a EEUU de todas las importaciones provenientes de una empresa determinada hasta que Perú demuestre que la empresa está cumpliendo con las leyes y reglamentos pertinentes.

El pedido de EIA, presentado ante la Oficina de Comercio de EEUU (USTR, por sus siglas en inglés) en una reunión el martes pasado, plantea que EEUU solicite a Perú la verificación de una serie de exportaciones de madera provenientes de Maderera Bozovich SAC y Maderera Vulcano SAC, dado que ambas empresas han tenido históricamente la mayor cantidad de casos de exportaciones a EEUU de madera proveniente de concesiones con actividades ilegales. El pedido también requiere que se realice verificaciones sobre los embarques que contengan madera proveniente de concesiones que se encuentren actualmente suspendidas por supuestas actividades ilegales de acuerdo a las regulaciones peruanas. De acuerdo con la data de EIA, al menos 77 embarques con problemas de legalidad han ingresado a EEUU provenientes de una de estas dos empresas exportadoras o conteniendo madera supuestamente extraída de las concesiones suspendidas. Los resultados de esta investigación de EIA se basan en el análisis de documentación oficial del gobierno peruano.

“El TLC Perú-EEUU contiene novedosos mecanismos ambientales diseñados para asegurar que un comercio más abierto no se traduzca en mayor comercio ilegal,” declaró Andrea Johnson, de EIA. “Es momento de activar estos mecanismos para proteger los bosques de Perú – así como para apoyar a las empresas de ambos países que quieren hacer las cosas bien y que necesitan competir en condiciones equitativas.”

EIA sostiene que los embarques mencionados en el pedido a USTR son sólo una muestra reducida de un número bastante mayor de embarques que contienen madera ilegal. “La naturaleza sistemática de las acciones de estos productores y exportadores dan cuenta de prácticas problemáticas que una y otra vez violan las leyes nacionales e internacionales en los dos países involucrados,” enfatizó Johnson.

El informe de EIA, “La Máquina Lavadora”, analiza documentación oficial que revela un flujo sostenido de madera ilegal – lavada con papeles fabricados y suscritos por funcionarios del gobierno peruano – ingresando en EEUU entre el 2008 y el 2010. Estos embarques representan más del 35% del comercio de especies protegidas por CITES entre Perú y EEUU en el periodo de tiempo mencionado. EIA considera que estas cifras son conservadoras y que el número de embarques con ilegalidades aumentaría si se tuviese acceso a la data completa de parte del gobierno peruano.

La extracción ilegal de madera en la Amazonía peruana es realizada por grupos de taladores - generalmente en el marco de condiciones de trabajo forzoso -  que la roban de áreas naturales protegidas, territorios indígenas y otras tierras del Estado. Un reciente estimado del gobierno peruano calcula que la tala ilegal le cuesta al Perú unos 250 millones de dólares anuales.

“Este pedido ante USTR apunta a que se actúe con respecto a un grupo de concesiones con problemas y a los exportadores principales, pero sería un error no reconocer que se trata de un problema endémico y sistémico que atraviesa todo el sector forestal peruano,” declaró Julia Urrunaga, Directora del Programa Perú de EIA.

“El gobierno de EEUU tiene la responsabilidad de verificar que EEUU no está siendo cómplice de la tala ilegal que se esconde detrás del comercio formal de madera proveniente de Perú, actividad que – además de tener un terrible impacto sobre la biodiversidad – genera violaciones de derechos humanos y corrupción,” agregó Urrunaga.

Dos días después del lanzamiento del informe de EIA, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de Perú emitió un comunicado de prensa anunciando que “son objetivos del Gobierno reconocer el origen legal de la madera, reducir la tala ilegal y establecer sanciones consistentes para evitar la depredación de los bosques naturales.” El comunicado se emitió luego de una reunión de trabajo entre el Presidente del Consejo de Ministros, Jorge Valdés, el Ministro de Agricultura, Luis Ginocchio, y el Presidente de OSINFOR, Rolando Navarro. Navarro agregó que “actualmente existe un aprovechamiento inadecuado del recurso forestal, malas prácticas forestales (deforestación), extracción y comercio ilegal, excesiva y dispersa legislación forestal y de fauna silvestre.” La PCM adelantó que analizará una serie de medidas, incluyendo una evaluación del sistema de concesiones forestales en el país y la creación de un tribunal fiscal forestal.

“Las mejoras en la supervisión y la transparencia de oficinas del gobierno peruano están permitiendo demostrar el nivel de fraude en el sector – esperamos que esta misma transparencia ayude también a solucionar el problema,” declaró Johnson, precisando que el análisis de EIA se apoyó en data generada por una oficina del Estado peruano cuya reforma y fortalecimiento han sido un aspecto clave del Anexo Forestal del TLC Perú-EEUU. “Pedimos a Perú que continúe en la dirección de aumento de transparencia y reforma que viene implementando, y hacemos un llamado a los gobiernos y a los compradores para que sinceramente apoyen estos esfuerzos. El futuro de los bosques más biodiversos del mundo depende de ello.”

Contactar:

Andrea Johnson, EIA, +1 202 631 7554 / andreajohnson@eia-global.org

Julia Urrunaga, EIA, +1 202 631 7554 / julia@eia-global.org

Fiona Mulligan, EIA, +1 202-483-6621 / fionamulligan@eia-global.org