Foto: AndinaCongreso derogó decretos que nativos consideraban lesivos a sus intereses
(RPP) Luego de un extenso debate y en una sola votación el Congreso de la República decidió derogar los decretos legislativos 1015 y 1073 por 66 votos a favor, 29 en contra y cero abstenciones.
Asimismo, el Parlamento dispensó de trámite en la segunda votación por 58 votos a favor, 21 en contra y cero abstenciones.
Estos decretos, dictados como parte de los 92 que fueron aprobados por el Poder Ejecutivo para implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, permitirían a las comunidades nativas decidir sobre la venta de sus tierras con la aprobación del 50% más uno de sus miembros.
Las comunidades nativas agrupadas en la Asociación de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), encabezada por Alberto Pizango, y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), representados por Oseas Barbarán, manifestaban que estas normas era anticonstitucionales.
Además, afirmaron que contravenían el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según el cual los pueblos indígenas y tribales deben ser consultados antes de implementar medidas que pudieran perjudicarlos.
El dictamen mediante el cual se planteó derogar ambas disposiciones legales fue aprobado esta semana por la Comisión de de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Se prevé que mañana el pleno del Parlamento lo debata.
La polémica pública entre la oposición política y autoridades del Gobierno como el ministro del Ambiente, Antonio Brack y el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, que denunciaban intereses políticos en el conflicto, conllevó a que incluso el presidente Alan García se manifieste sobre el tema.
Este miércoles, el presidente Alan García Pérez aseguro que el Congreso incurriría en un "gravísimo error histórico" si deroga dichas normas porque les impediría acceder al desarrollo y el progreso.
La llamada Ley de la Selva motivó la movilización de unas 65 comunidades nativas en las regiones Amazonas, Loreto y Cusco, lo que produjo bloqueo del transporte terrestre y fluvial, toma de estaciones petroleras y una hidroeléctrica, además de enfrentamientos con la Policía Nacional.
Asimismo, el Parlamento dispensó de trámite en la segunda votación por 58 votos a favor, 21 en contra y cero abstenciones.
Estos decretos, dictados como parte de los 92 que fueron aprobados por el Poder Ejecutivo para implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, permitirían a las comunidades nativas decidir sobre la venta de sus tierras con la aprobación del 50% más uno de sus miembros.
Las comunidades nativas agrupadas en la Asociación de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), encabezada por Alberto Pizango, y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), representados por Oseas Barbarán, manifestaban que estas normas era anticonstitucionales.
Además, afirmaron que contravenían el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según el cual los pueblos indígenas y tribales deben ser consultados antes de implementar medidas que pudieran perjudicarlos.
El dictamen mediante el cual se planteó derogar ambas disposiciones legales fue aprobado esta semana por la Comisión de de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Se prevé que mañana el pleno del Parlamento lo debata.
La polémica pública entre la oposición política y autoridades del Gobierno como el ministro del Ambiente, Antonio Brack y el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, que denunciaban intereses políticos en el conflicto, conllevó a que incluso el presidente Alan García se manifieste sobre el tema.
Este miércoles, el presidente Alan García Pérez aseguro que el Congreso incurriría en un "gravísimo error histórico" si deroga dichas normas porque les impediría acceder al desarrollo y el progreso.
La llamada Ley de la Selva motivó la movilización de unas 65 comunidades nativas en las regiones Amazonas, Loreto y Cusco, lo que produjo bloqueo del transporte terrestre y fluvial, toma de estaciones petroleras y una hidroeléctrica, además de enfrentamientos con la Policía Nacional.
Si bien el Gobierno envío una comitiva a Loreto, encabezada por el ministro Antonio Brack, las conversaciones se truncaron el último viernes 15 y el conflicto se acrecentó, pues los nativos pedían la derogación de estos decretos y la instalación de una mesa multisectorial.
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