Cientos de madereros marchan contra ley forestal
Representantes de gremios dicen que norma ignora a pequeños empresarios
Por: Nelly Luna Amancio - Enviada Especial
Más de mil integrantes de los gremios madereros y otras organizaciones sociales marcharon ayer por las calles mojadas de Pucallpa, capital de la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali.
Los manifestantes exigieron la derogatoria del Decreto Legislativo 1090 (nueva Ley Forestal), y sus modificaciones, pues consideran que se promulgó sin tomar en cuenta las opiniones de los sectores involucrados y de las autoridades regionales. “Ese decreto no nació del consenso, fue impuesto a la selva desde Lima, no refleja la realidad de los trabajadores ni toma en cuenta a los pequeños madereros, los mantiene en la informalidad”, dijo Jorge Ortiz, de la Asociación de Pequeños Empresarios Madereros en Madera Predimensionada (Apemepd).
Durante la manifestación pacífica —que se inició a las 9 a.m. y duró hasta el mediodía— también participó Deysi Zapata, vicepresidenta de las comunidades nativas amazónicas organizadas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), agrupación que en agosto del 2007 llevó a cabo un paro nacional contra el mismo decreto. “Esta norma tiene que ser derogada porque no la consultaron a nadie, y eso el Gobierno no lo quiere entender. Una ley forestal tiene que tomar en cuenta a los que viven en la selva, las comunidades nativas y las organizaciones regionales”, dijo, tras anunciar que paralizarán indefinidamente en toda la Amazonía el próximo 3 de abril.
Para los representantes de Aidesep, el decreto 1090 promueve enormes plantaciones de cultivos para biocombustibles en desmedro de los bosques. Tanto Ortiz como Deysi Zapata coincidieron en señalar que existe en el Congreso el proyecto legislativo 2691 que “sí recoge la opinión de diferentes instituciones y promueve la inversión y la formalización de los pequeños madereros”.
Las organizaciones también demandaron la pronta transferencia de funciones del sector forestal a los gobiernos regionales. Estas protestas se realizan en pleno proceso de desactivación del Inrena, cuya intendencia forestal ahora se denomina Dirección Nacional Forestal (dirigida por Gustavo Suárez de Freitas) y depende del Ministerio de Agricultura.
La reducción de la demanda internacional de madera —desde China y EE.UU.— ha empujado a la baja los precios de varias de especies hasta en un 30%, lo que ha afectado a los pequeños empresarios y los trabajadores contratados. Al final de la marcha, los madereros entregaron al gobierno regional un documento planteando sus alternativas, entre ellas: entregar concesiones a los pequeños madereros, simplificar los trámites y promover la compra de productos nacionales.
SEPA MÁS
1. Más del 80% de la economía de Pucallpa se basa en el sector forestal. Sin embargo, las cifras más conservadoras estiman que el 70% de la actividad maderera es informal.
2. Los pequeños madereros proponen la creación de un plan anticrisis para el sector, que reactive la economía regional y genere empleos.
3. Proponen que el gobierno regional compre mobiliario escolar con financiamiento gradual y con madera legal.
Más de mil integrantes de los gremios madereros y otras organizaciones sociales marcharon ayer por las calles mojadas de Pucallpa, capital de la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali.
Los manifestantes exigieron la derogatoria del Decreto Legislativo 1090 (nueva Ley Forestal), y sus modificaciones, pues consideran que se promulgó sin tomar en cuenta las opiniones de los sectores involucrados y de las autoridades regionales. “Ese decreto no nació del consenso, fue impuesto a la selva desde Lima, no refleja la realidad de los trabajadores ni toma en cuenta a los pequeños madereros, los mantiene en la informalidad”, dijo Jorge Ortiz, de la Asociación de Pequeños Empresarios Madereros en Madera Predimensionada (Apemepd).
Durante la manifestación pacífica —que se inició a las 9 a.m. y duró hasta el mediodía— también participó Deysi Zapata, vicepresidenta de las comunidades nativas amazónicas organizadas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), agrupación que en agosto del 2007 llevó a cabo un paro nacional contra el mismo decreto. “Esta norma tiene que ser derogada porque no la consultaron a nadie, y eso el Gobierno no lo quiere entender. Una ley forestal tiene que tomar en cuenta a los que viven en la selva, las comunidades nativas y las organizaciones regionales”, dijo, tras anunciar que paralizarán indefinidamente en toda la Amazonía el próximo 3 de abril.
Para los representantes de Aidesep, el decreto 1090 promueve enormes plantaciones de cultivos para biocombustibles en desmedro de los bosques. Tanto Ortiz como Deysi Zapata coincidieron en señalar que existe en el Congreso el proyecto legislativo 2691 que “sí recoge la opinión de diferentes instituciones y promueve la inversión y la formalización de los pequeños madereros”.
Las organizaciones también demandaron la pronta transferencia de funciones del sector forestal a los gobiernos regionales. Estas protestas se realizan en pleno proceso de desactivación del Inrena, cuya intendencia forestal ahora se denomina Dirección Nacional Forestal (dirigida por Gustavo Suárez de Freitas) y depende del Ministerio de Agricultura.
La reducción de la demanda internacional de madera —desde China y EE.UU.— ha empujado a la baja los precios de varias de especies hasta en un 30%, lo que ha afectado a los pequeños empresarios y los trabajadores contratados. Al final de la marcha, los madereros entregaron al gobierno regional un documento planteando sus alternativas, entre ellas: entregar concesiones a los pequeños madereros, simplificar los trámites y promover la compra de productos nacionales.
SEPA MÁS
1. Más del 80% de la economía de Pucallpa se basa en el sector forestal. Sin embargo, las cifras más conservadoras estiman que el 70% de la actividad maderera es informal.
2. Los pequeños madereros proponen la creación de un plan anticrisis para el sector, que reactive la economía regional y genere empleos.
3. Proponen que el gobierno regional compre mobiliario escolar con financiamiento gradual y con madera legal.
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