Cuarto Ambiente

Distribución de beneficios REDD y pueblos indígenas

Por: Rodrigo Arce Rojas (*)

Hablar de distribución de beneficios sobre los mecanismos de Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de Bosques (REDD) podría dar la impresión que el tema ya está mayormente resuelto y lo único que resta es ponerse de acuerdo en la forma cómo se alcanza una distribución equitativa de beneficios. Lamentablemente esto no es así, ni desde el punto vista técnico ni desde el punto de vista sociocultural. Se encuentran muchas dudas e incluso evidencias de rechazo tanto de parte de los propios representantes indígenas como de activistas que trabajan a favor de los derechos de los pueblos indígenas.

Aunque el espíritu de REDD, acorde con las teorías actuales que atribuyen el origen antrópico del cambio climático y el rol del carbono en exceso en el incremento de la temperatura atmosférica y por tanto la afectación del sistema atmosférico, es plausible, todavía se manifiestan dudas sobre la efectividad del mecanismo en el balance de carbono para mitigar el problema. Pero más allá de temas técnicos también hay dudas sobre la efectividad de la herramienta como incentivo económico sujeto a las leyes del mercado. Algunos de los cuestionamientos de fondo también tienen que ver con el tema de la “propiedad” del carbono y si es válido éticamente comercializarlo.

En el campo las opiniones de los pueblos indígenas se encuentran divididas. Por un lado hay un sector que en los foros internacionales manifiestan abierta oposición al esquema por las secuelas socioambientales que piensan que podría provocar REDD y de otro lado hay sectores indígenas que en alianza con organizaciones no gubernamentales ya vienen trabajando REDD.

Para entender la perspectiva del sector que manifiesta rechazo o extremo recelo habría que conocer cuáles son las causas de sus temores suponiendo que el mecanismo sea puesto en práctica.

Según el Global Forest Coalition & Comisión Medio Ambiental sobre Políticas Sociales y Económicas (CEESP) de la IUCN (2008) existen los siguientes temores:

• Que los fondos sean canalizados a través de instituciones intermediarias donde se corre el riesgo que las élites se apropien de los recursos y se puedan generar casos de mal utilización de fondos y corrupción.
• Que motivados por la repentina valorización de bosques y opciones de inversión en proyectos REDD se promueva una rápida titulación de tierras por las élites que debiliten la propiedad comunitaria
• Que la participación comunitaria sea manipulada (divisionismo, creación y reconocimiento externo de directivas paralelas) con la finalidad de contar con directivas más manejables externamente y que estas injerencias terminen menoscabando las formas de gobierno tradicional
• Que el ingreso de conceptos y prácticas de mercado provoquen una distorsión de los valores solidarios de la comunidad hacia formas más individualistas y de acumulación
• Que se manifieste en marginalización de las mujeres
  

Pero no sólo son los impactos los que generan temor sino que también se cuestiona el propio proceso. El esquema, tal como se conoce hasta ahora, “premia” a los actores que tradicionalmente han deforestado y subestima a las comunidades que han conservado sus bosques.

La Global Forest Coalition & la Comisión Medio Ambiental sobre Políticas Sociales y Económicas (CEESP) de la IUCN (2008) dan cuenta también que el mecanismo tiene altos costos de transacción (preparativos de las valoraciones de impacto ambientales, la prestación de servicios ambientales, el cumplimiento con los criterios de calificación y la provisión de financiamiento por adelantado, incluyendo seguros contra el fracaso del proyecto, entre otros). Está claro que si el esquema está en función a la inversión y riesgos asumidos estas consideraciones excluyen a las comunidades que no cuentan con el capital inicial.

A esta situación se añade el caso que muchas comunidades aún no están reconocidas o tituladas y temen que estos esquemas refuercen la negativa de titulación de tierras comunitarias. Así mismo, el esquema se presenta en una situación que el consentimiento libre, previo e informado no es respetado a plenitud aún cuando están en curso propuestas para normar estos procesos de acuerdo a los lineamientos generales que presenta el Convenio 169 de la OIT.

Es necesario además analizar los costos del mecanismo en términos de reducción de la seguridad y la soberanía alimentaria, pérdida de puestos de trabajos alternativos y de ganancias, pérdida de poder de la comunidad sobre las decisiones relativas a los bosques [Global Forest Coalition & Comisión Medio Ambiental sobre Políticas Sociales y Económicas (CEESP) de la IUCN, 2008].

Las posibilidades sugeridas, hasta ahora, incluyen beneficios no monetarios a las comunidades con economías de subsistencia o la transferencia de pequeños pagos a fondos comunitarios (Griffiths, 2007). Se ha manifestado la necesidad que existan ganancias directas por las comunidades sea a través de ingresos u otros medios adecuados de sustento para los pueblos indígenas locales incluyendo compensaciones si es que se toman decisiones que los afecten (United Nations University & Institute of Advanced Studies (UNU-IAS). 2009).

Si es que se quiere avanzar en la propuesta con relación a los pueblos indígenas hay que favorecer procesos horizontales de negociación sobre la base de un diálogo generativo donde se puedan resolver las observaciones planteadas. Algunos de los principios para una distribución de beneficios son:

• Que se consideren beneficios reales, que favorezcan el desarrollo de los pueblos indígenas y que permitan mejorar sus condiciones de vida
• Que permita avanzar en los derechos de los pueblos indígenas
• Que se priorice a las comunidades que han resistido a la presión económica por deforestar (COICA, 2009)

Para ello se requiere que exista un marco legal acordado sobre la distribución de beneficios por la venta de créditos de carbono, antes de iniciar un proyecto (IUCN, 2008). Estos mecanismos de distribución de beneficios deben ser acordados anticipadamente y los procesos deben ser producto de una negociación directa con las comunidades.

Se requiere tomar las previsiones del caso para evitar daños a las estructuras de valores de la comunidad, la desestructuración del esquema de gobernanza de las comunidades y la seguridad y soberanía alimentaria. Los temores y propuestas de las comunidades no pueden ser desestimados y más bien se puede considerar este proceso como una oportunidad para el ordenamiento territorial, el ejercicio de derechos, el fortalecimiento de la ciudadanía intercultural y emprendimientos comunitarios sustentables a partir de la conservación de bosques.

Otras alternativas sugeridas para hacer más efectivas las propuestas de distribución de beneficios a las comunidades son:

• Cuotas geográficas
• Metodologías simplificadas para las actividades en pequeña escala
• Nichos de mercado para iniciativas comunitarias (Brown et al. 2004, citado por Zambrano-Barragán, 2008)
• Establecer fondos especiales dedicados a los pueblos indígenas (Rigth Resources & Rainforest Foundation Norway. 2008)

Resulta de especial importancia no quedarse únicamente en los incentivos económicos, es necesario proveer un amplio rango de incentivos sociales, culturales, legales y económicos para la conservación de los bosques y el uso sustentable, especialmente por Pueblos Indígenas y comunidades locales (Global Forest Coalition & Comisión Medio Ambiental sobre Políticas Sociales y Económicas (CEESP) de la IUCN, 2008).

Así mismo, no reducir las posibilidades de apoyo al desarrollo comunitario a REDD sino que también es importante implementar otros incentivos de compensación por servicios ecosistémicos y otras alternativas productivas sostenibles articuladas a cadenas de valor bajo gestión indígena o en alianzas responsables. No hay que olvidar que REDD es una alternativa para enfrentar al cambio climático y una oportunidad para dar real atención a los pobladores originales de los bosques.

Literatura citada:

COICA, 2009. SBSTA submission de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA. Quito, 9 p.

Global Forest Coalition/CEESP, 2008. “Derechos, Equidad, Desarrollo, Deforestación y Gobierno por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales”,“GenderCC Contribution on REDD”, GenderCC Women for Climate Justice, Diciembre 2008. http://www.redd-monitor.org/

Griffiths, Tom. 2007. “RED” Alerta roja?: “La deforestación evitada” y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.. Forest Peoples Programme. 36 p. Disponible en: http://www.forestpeoples.org/documents/ifi_igo/avoided_deforestation_red_jun07_sp.pdfifi_igo/avoided_deforestation_red_jun07_sp.pdf
IUCN, 2008. América Latina analiza las oportunidades y los desafíos para la aplicación de mecanismos REDD. 30 Octubre. Disponible en: http://www.iucn.org/es/sobre/union/secretaria/oficinas/sudamerica/index.cfm?uNewsID=2077

Right Resources & Rainforest Foundation Norway. 2008. Bases para la efectividad. Diciembre. Marco para garantizar la efectividad de la mitigación y la adaptación al cambio climático en las regiones forestales al mismo tiempo que se garantizan los derechos humanos y el desarrollo. 4 p.

United Nations University & Institute of Advanced Studies (UNU-IAS). 2009. Guía UNU-IAS Reducción de emisiones causadas por deforestación y degradación forestal en países en desarrollo (REDD): Guía para pueblos indígenas. Yokohama, 72 p.

Zambrano-Barragán, Carolina. 2008. REDD en América del Sur: capacidades requeridas y necesidades de investigación. 10 p.


(*) Ingeniero Forestal. rarcerojas@yahoo.es