Cuarto Ambiente

El Presidente García entre las majaderías de la Doe Run y las justas demandas de los Pueblos Indígenas

Por: Sandro Chávez

Luego del discurso presidencial carente como siempre del tema ambiental, como si no existiera en la agenda pública nacional, siguen en curso diversos conflictos socioambientales sin resolver, pero entre ellos hay dos que merecen una atención especial de parte del Gobierno del Presidente Alan García.

Por un lado, la tremenda majadería (por decir lo menos) del multimillonario Ira Rennert, dueño de la empresa DOE RUN al pretender que el gobierno extienda por tercera vez la vigencia del Programa de Adecuación Medio Ambiental (PAMA) por treinta meses más, sumándole a ello la declaratoria de insolvencia ante INDECOPI de su empresa, como si no tuviera dinero para ello, cuando su patrimonio se ha incrementado en más de US$ 1,500 millones en los últimos años.

Este mal empresario, es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer, pues juega con inestabilidad laboral de tres mil quinientos trabajadores y sus familias, para usarlos como mecanismo de presión a fin de que el Gobierno ceda ante su desproporcionada demanda.

El derecho al trabajo no puede estar reñido con el derecho a la vida y la salud, menos con el derecho a un medio ambiente limpio para todos, eso debe ser innegociable.

El gobierno tiene la obligación de mantener su postura de cumplimiento de las normas vigentes, en particular en los compromisos que una empresa como DOE RUN se ha comprometido a través del PAMA, por tanto es necesario buscar una salida que no implique postergar mas el tema ambiental, pero que evite un mayor problema social, de lo contrario acceder a una prórroga del PAMA por tercera vez, sería una mala señal para el resto de empresas que con razón demandaran igual trato con ellas, lo cual resultaría muy peligroso para la vida, salud y el ambiente de las poblaciones afectadas por sus impactos.

Por otro lado, el conflicto con las Comunidades Indígenas se encuentra en peligro de agudizarse, en la medida que los acuerdos a los que se van avanzando en el Grupo Nacional y sus mesas de diálogo no están siendo implementados por el Gobierno.

Por ejemplo, persiste el intento del procurador público para trasladar el caso de la Curva del Diablo a los tribunales de Lima; se dilata el nombramiento de una comisión independiente para investigar los trágicos sucesos ocurridos el 5 de junio como lo han recomendado el Relator de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y las Misiones de la FIDH y Amnistía Internacional y es el acuerdo de la Mesa 2 del Grupo nacional.

Pero también está la pésima actitud del Gobierno de promover descaradamente una dirigencia paralela de AIDESEP, con la cual pretende negociar y desplazar a los legítimos representantes indígenas.

Con esta estrategia de incumplir acuerdos y promover la división en el movimiento indígena lo único que logrará el Gobierno será exacerbar el conflicto aún no resuelto del todo y que daría pie a más protestas y Dios no quiera a un nuevo Baguazo.

En medio de esta situación está la elaboración de la modificación de la Ley 27308, Ley Forestal y Fauna Silvestre que es sumamente urgente culminarla a través de un proceso participativo, que consulte a todos los actores del Bosque en especial a las comunidades Indígenas, lo cual se estaría haciendo, pero que se pondría en riesgo si las dilataciones y malas prácticas continúan.

Como siempre la pelota está en la cancha del Gobierno, que con toda responsabilidad debería ser firme ante la majadería de la DOE RUN y democrático ante las justas demandas de los pueblos indígenas, que hace rato han demostrado su capacidad de diálogo y propuesta.