Ordenamiento minero y protesta 'popular'
Por: Ernesto Ráez*
Tras décadas de infructuosas denuncias ciudadanas sobre la minería ilegal en Madre de Dios, finalmente el Gobierno Nacional decidió actuar. Más vale tarde que nunca. Se dispuso una moratoria de petitorios mineros, zonas de exclusión minera, la producción de un plan de recuperación de pasivos ambientales, apoyo técnico para la formalización (laboral, ambiental y tributaria) y se prohibió el uso de dragas, que revuelcan y destruyen irremisiblemente los ríos y bosques más biodiversos del mundo. En respuesta, la Federación Minera de Madre de Dios-Fedemin (gremio regional) y la Federación de Mineros Artesanales del Perú-Fenamarpe (gremio nacional) pidieron la cabeza del ministro del Ambiente, hubo hostilizaciones contra los ciudadanos y gremios de Madre de Dios que rechazan el caos minero y contra las ONG ambientalistas que trabajan en esa bella y convulsa región. Anunciaron, también, un paro. Madre de Dios sabe de paros: El 2002 ardió el Inrena y los Registros Públicos fueron vandalizados; el 2008, una turba redujo a brasas la sede del Gobierno Regional. El paro anunciado empezó el domingo pasado, con una marcha masiva y pacífica de la Fedemin, en Puerto Maldonado. Una marcha ejemplar. En trágico contraste, en Ica y Arequipa hubo brotes violentos, aparentemente coordinados por la Fenamarpe. Ya van seis muertos.
Ningún peruano de bien puede desestimar la batalla por la ley y el orden que en este momento libra el Estado, en su intento de ordenar la minería aurífera ilegal. Debemos apoyar esta voluntad. Es destacable el espíritu intersectorial de los dispositivos emitidos. Pero quedan notables cabos sueltos en la acción del Gobierno, y eso puede llevar a un fracaso estrepitoso, que establecería un antecedente de espanto. La minería ilegal recluta mano de obra entre millares de compatriotas desposeídos; pero no es un negocio de gente pobre. El grueso de la actividad se sustenta en operaciones de gran envergadura e intensivas en capital, que usan maquinaria pesada e insumos vendidos libremente por empresas formales y obscenamente irresponsables. El detonante de la protesta “popular” ha sido la prohibición de dragas, que cuestan un ojo de la cara. Alguien (legal) recibe y lava el oro. Alguien (oficial) ha propiciado la ilegalidad año tras año. Existen peces gordos y redes de delito organizado. Los dispositivos emitidos son ciegos a esto, y corren riesgo de ser ineficaces. Un motivo central de esa ceguera es el rudimentario diálogo que el Gobierno ha mantenido con los sectores ciudadanos informados, locales y nacionales, antes y después de los dispositivos. Ante la crisis del paro, recién se empieza a ampliar el diálogo, con intervención directa de la PCM. Esto es bueno; pero tardío. Por supuesto, no ayudan los habituales epítetos presidenciales. Mejor sería, calladamente, producir inteligencia sobre las redes delictivas mineras, incluidas las redes de trata de púberes y adolescentes. Y si queremos fulminar a alguien, ¿qué tal a los proveedores formales de los ilegales? Gentuza que frecuenta los enclaves mineros, mira los prostibares, las jóvenes forzadas y sigue con su negocio como si nada.
Esta crisis también nos obliga a reflexionar sobre las diferencias entre lo popular y lo justo en el Perú. Muchos han olvidado que el derecho al trabajo no defiende cualquier quehacer que dé dinero, sino exclusivamente a los esfuerzos que respetan la dignidad humana. Estafadores y proxenetas no tienen ningún derecho a sus “trabajos”. Los actores visibles de la protesta minera son ciudadanos pobres; pero detrás hay azuzadores muy bien desayunados y agremiaciones de orden nacional que en efecto parecen promover el subempleo y la abyección entre sus afiliados. Cuando se utiliza la angustia económica para reclutar carne de cañón, como vemos con la protesta minera en Ica y Arequipa, cabe preguntarnos quién ha distorsionado el anhelo popular de justicia social… y quién mueve esos hilos.
Ningún peruano de bien puede desestimar la batalla por la ley y el orden que en este momento libra el Estado, en su intento de ordenar la minería aurífera ilegal. Debemos apoyar esta voluntad. Es destacable el espíritu intersectorial de los dispositivos emitidos. Pero quedan notables cabos sueltos en la acción del Gobierno, y eso puede llevar a un fracaso estrepitoso, que establecería un antecedente de espanto. La minería ilegal recluta mano de obra entre millares de compatriotas desposeídos; pero no es un negocio de gente pobre. El grueso de la actividad se sustenta en operaciones de gran envergadura e intensivas en capital, que usan maquinaria pesada e insumos vendidos libremente por empresas formales y obscenamente irresponsables. El detonante de la protesta “popular” ha sido la prohibición de dragas, que cuestan un ojo de la cara. Alguien (legal) recibe y lava el oro. Alguien (oficial) ha propiciado la ilegalidad año tras año. Existen peces gordos y redes de delito organizado. Los dispositivos emitidos son ciegos a esto, y corren riesgo de ser ineficaces. Un motivo central de esa ceguera es el rudimentario diálogo que el Gobierno ha mantenido con los sectores ciudadanos informados, locales y nacionales, antes y después de los dispositivos. Ante la crisis del paro, recién se empieza a ampliar el diálogo, con intervención directa de la PCM. Esto es bueno; pero tardío. Por supuesto, no ayudan los habituales epítetos presidenciales. Mejor sería, calladamente, producir inteligencia sobre las redes delictivas mineras, incluidas las redes de trata de púberes y adolescentes. Y si queremos fulminar a alguien, ¿qué tal a los proveedores formales de los ilegales? Gentuza que frecuenta los enclaves mineros, mira los prostibares, las jóvenes forzadas y sigue con su negocio como si nada.
Esta crisis también nos obliga a reflexionar sobre las diferencias entre lo popular y lo justo en el Perú. Muchos han olvidado que el derecho al trabajo no defiende cualquier quehacer que dé dinero, sino exclusivamente a los esfuerzos que respetan la dignidad humana. Estafadores y proxenetas no tienen ningún derecho a sus “trabajos”. Los actores visibles de la protesta minera son ciudadanos pobres; pero detrás hay azuzadores muy bien desayunados y agremiaciones de orden nacional que en efecto parecen promover el subempleo y la abyección entre sus afiliados. Cuando se utiliza la angustia económica para reclutar carne de cañón, como vemos con la protesta minera en Ica y Arequipa, cabe preguntarnos quién ha distorsionado el anhelo popular de justicia social… y quién mueve esos hilos.
* DIRECTOR DE CIENCIA Y DESARROLLO, CENTRO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL-UPCH
Publicado en el diario El Comercio, ver en la siguiente direccion: http://elcomercio.pe/impresa/notas/ordenamiento-minero-protestapopular/20100407/457843
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