Con el mayor desparpajo el señor Daniel Saba, presidente de PERUPETRO, dijo que “en el Perú existen áreas protegidas como la Reserva Nacional de Tambopata Candamo, en Madre de Dios, en donde existe una abundante reserva de gas natural”, asi mismo informó que “realiza un estudio que permitirá determinar la viabilidad para realizar exploración de hidrocarburos en zonas sensibles, tales como bosques o áreas naturales protegidas”...
Es más, indicó que los resultados sean positivos del estudio, harán aprobar una legislación especial para autorizar la exploración de hidrocarburos en estas zonas sensibles, es decir, las Areas Naturales Protegidas (ANP) ya fueron, pues con este argumento queda claro que de darse estas amenazas del Señor Saba, ninguna ANP del país estará protegida realmente, pues el supuesto interés nacional que se usa para sustentar semejante despropósito, no tiene ningún tipo de respaldo ciudadano, salvo claro el que le corresponde a los funcionarios del Gobierno que interviene y las empresas inversionistas extranjeras.
El problema para variar, tiene que ver con pretender adaptar la realidad a las inversiones y no las inversiones a la realidad y verdadera demanda regional, muchas veces ante la ausencia de Planes de desarrollo y ordenamiento del territorio. Se pretende disfrazar toda inversión de gran envergadura con el sambenito del “Interés nacional’, sin importar si es una ANP, Territorio Comunal, etc., en muchos casos sin contar con licencia social y en otros con EIA manipulados o mal hechos.
Por supuesto, ahora se entiende mejor porque le cuesta al Gobierno del Sr. García Promulgar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, pues saben que luego se verán obligados a ampliar la consulta a los demás ciudadanos de las diversos proyectos de inversión en lugares públicos, que creo que sería lo aconsejable, pero en la lógica de que la consulta sea vinculante, de lo contrario de nada valdría hacerla.
En realidad como lo señala nuestro colega Ernesto Raez, permitir la explotación de gas en la reserva del Candamo seria “ilegal” e “inconstitucional” , además nos recordó como hace unos años el gobierno del Señor Toledo quiso recortar las dimensiones del Parque Bahuaja-Sonene, donde se encuentra la reserva del Candamo, pero la sociedad civil nacional e internacional rechazó esa pretensión.
Por otro lado, coincidimos con el Dr. Carlos Soria, del Instituto del Bien Común, que es muy difícil lograr un bajo impacto en esta zona, y antes que ver experiencias internacionales al respecto, debería fijarse en lo ocurre en el país
En esa perspectiva, sería bueno recordar el caso ocurrido el 19 de junio del presente año, cuando entre 300 a 400 barriles de petróleo se derramaron en el río Marañón, en la zona de Saramuro, de un total de 5 mil barriles que eran transportados en la barcaza Sanam III, alquilada por Pluspetrol, hecho que hasta hoy no ha merecido la mayor atención de las autoridades nacionales encargadas de velar por este asunto.
Probablemente podríamos enumerar muchos casos para demostrar que una actividad de explotación de hidrocarburos en una ANP, es inviable e insostenible, y por el contrario, estas áreas manejadas sosteniblemente y conservadas pueden rendir otros beneficios económicos al país, a la región y las comunidades locales que la circundan, sin necesidad de exponerlas a la voracidad de empresas y funcionarios que solo buscan su beneficio en el corto plazo, sin importarles los impactos ambientales y sociales que estas generan en su explotación.
En este contexto, urge en el país, desarrollar con celeridad y prontitud una ley de Ordenamiento Territorial, como instrumento jurídico para organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio, de modo que éstos contribuyan al desarrollo humano sostenible del País y no a los intereses particulares de algunas empresas y funcionarios del Gobierno de turno.
Un Ordenamiento Territorial permite confluir las políticas ambientales, las políticas de desarrollo regional, espacial o territorial y las políticas de desarrollo social y cultural; así mismo, incluye entre sus importantes herramientas de gestión para su elaboración como: la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), EIAs, Estudios Paisajísticos, ZEE y estudios de riesgos, que en la actualidad no tienen carácter vinculante en su implementación, lo cual hace muy difícil aplicar Planes y programas de ordenamiento del territorio, en especial ante las diferencias de competencias entre el Ministerio de Energía y Minas y los Gobiernos Regionales.
Finalmente, como la mayoría de peruanos y peruanas, rechazamos desde el Foro Ecológico del Perú este nuevo atentado contra nuestras ANP y Bosques naturales y demandamos del Congreso de la República abstenerse de admitir cualquier proyecto de ley que de alguna manera pretenda dar luz verde a insostenibles propuestas.
Abrigamos la esperanza que como antes, el Jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Lic. Luis Alfaro, se oponga una vez más al establecimiento un lote petrolero en un ANP y que cuente con el respaldo del MINAM y del Ministro Brack.
Convoco a todas las organizaciones y redes ambientales, ecologistas, indígenas, ciudadanos y ciudadanas en general a cerrar filas en este nuevo episodio de voracidad extractivista, que no conoce limites y que se hace necesario recordárselo una vez más en defensa de lo que nuestro antepasados nos legaron y entregaron, para su cuidado y conservación, a fin de que podamos del mismo modo legar a las generaciones que vienen en el futuro.
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