Cuarto Ambiente

Estado de Emergencia promueve el despojo de la Amazonía a los indigenas

Por: Carlos Soria

Escribo estas líneas al cumplirse un mes del paro indígena amazónico en el Perú que pide la derogatoria de varios decretos que afectan la estructura de la tenencia de la tierra, los bosques, las aguas y la promoción de la inversión privada incluso sobre tierras de propiedad de los indígenas y otros pequeños propietarios.

La razón fundamental del paro es la violación de los derechos humanos constitucionales de los pueblos indígenas cometida por este gobierno a través de la aprobación de cerca de cien decretos legislativos que modifican el régimen de propiedad de los recursos naturales.

La declaratoria de emergencia por parte del Estado busca respaldar las acciones de la fuerza militar que ya ha venido confrontando y violentando la decisión de los pueblos indígenas y la población rural de proteger sus tierras y su modo de vida, tan afectados por industrias extractivas con una pésima gestión ambiental y una inexistente gestión social.

De la misma manera, el Estado de Emergencia respalda la posición intransigente del Presidente Alan García de no querer derogar los inconsultos e inconstitucionales decretos legislativos aprobados por su administración para favorecer la destrucción de la propiedad comunal y las culturas indígenas.

El hoy neoliberal García comparte con el decimonónico Marx la idea de que ningún atavismo ni tradición podrán detener la fuerza del progreso.

La pregunta es ¿el progreso de quién? Obviamente ni Alan García ni Rómulo León se plantean el progreso de los pueblos indígenas, los campesinos y otras poblaciones rurales. Ellos buscan el progreso de grupos económicos como los madereros ilegales y otras industrias que carecen absolutamente del sentido de responsabilidad social. ni están comprometidos con el desarrollo del Perú.

En la década de 1970 las petroleras con el apoyo del Estado entraban en tierras indígenas con helicópteros artillados disparando sobre los indígenas. y a los Matses de la frontera de Perú con Brasil se los bombardeó con Napalm para acabar con ellos. Tanto en Bagua como en Majaz las fuerzas militares detuvieron y torturaron a indígenas que protestaban en defensa de sus derechos frente a la contaminación y el despojo de sus recursos naturales, tierras, bosques, aguas y otros. ¿Por qué será que la presente declaratoria de emergencia me trae a la memoria la barbarie del pasado? ¿Será porque en la mentalidad de los Rómulo León, entre el botín de la Amazonía y ellos, siguen interponiéndose los habitantes de la Amazonía, y hay que acabar con ellos en nombre del progreso, sean indígenas, colonos o cualquier pequeño propietario.

La presente declaratoria de emergencia en el contexto del paro parte por señalar que busca acabar con actos de “violencia”; así se anuncia una operación militar a gran escala para intervenir en defensa de los intereses económicos de unos cuantos Rómulo que han conseguido sus lotes sin tanto escándalo, pero en desmedro de una mucho más grande población amazónica indefensa que ve pisotear sus derechos, contaminado su ambiente y que se ven despojados de la única oportunidad de desarrollo que tienen: el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales en democracia.

Para los Rómulo del mundo los indígenas son solo unas vallas que hay que eliminar para acceder a los tan deseados recursos naturales, y pasando totalmente por alto que tanto la Constitución Política del Perú como el derecho internacional reconocen los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, bosques, aguas, al manejo de los mismos y a la promoción de sus lenguas y sus culturas.

Es más, los Rómulo quieren favorecer la extracción de petroleo, madera y minerales aun a costa de la vida de los pueblos indígenas aislados (en el Perú existen 14 de ellos), el derecho de propiedad de los pueblos indígenas asentados en comunidades nativas así como los derechos de cualquier otro interés que no sean los de los inversionistas privados que aceitan sin mucho escándalo los ejes del poder de turno.

Los paros no se resuelven a balazos. García, Simon y los Rómulo piensan que el despojo y el saqueo son legítimos en nombre del progreso, así lo expresó el propio García en su trilogía del perro del hortelano.

Es del dominio público que estos decretos que promueven el despojo a los pueblos indígenas y otras poblaciones rurales vulneran tanto la Constitución como el derecho internacional. El problema es que, como saben bien los Rómulo, para hacerlos respetar habrá que recurrir a las cortes nacionales e internacionales una vez que los hechos estén consumados, mientras tanto los activos de las empresas asesoradas seguirán creciendo junto con las cuentas cifradas de sus testaferros de turno. ¿Es ése el progreso que deseamos para los amazónicos? ¿Qué esta promoviendo el gobierno? ¿A quien sirven estas decisiones? ¿Es este el mandato constitucional de un desarrollo sostenible para la Amazonía? Definitivamente la DINOES no piensa discutir estos temas con la población de la Amazonía.