Ley Forestal y Fauna Silvestre: ¿Participación real o simple comparsa?Por: Sandro Chávez
A más de tres meses en que la Secretaría Técnica del Proceso de Actualización de la Legislación Forestal ha iniciado el proceso de consulta, que sin poner en tela de juicio su buena intención de escuchar a los diferentes actores del Bosque en las Regiones, desde el comienzo pusimos en la agenda de la Plataforma Nacional nuestra preocupación de que dicho proceso tenía un gran problema, pues de qué valía consultar a tanta gente y ponernos de acuerdo en un texto de Política Nacional y de Ley, si los representantes de los Ministerios finalmente decidían que quedaba y que salía de dichos textos.
En su momento alertamos también, que si el Congreso no tenía un Rol cercano a esta consulta pues finalmente el texto legal que se discutiría en dicho espacio parlamentario, podía también tener cambios que a la mayoría de los actores del Bosques no los beneficiaría y por tanto generaría nuevos conflictos sociales.
Felizmente y en coordinación con la Secretaria Técnica, la Comisión Consultiva de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República presidida por la congresista Elizabeth León Minaya, se logró establecer un puente de dialogo entre ellos, que si bien es cierto es informativa, por lo menos permite ir generando consensos, que aun veremos en qué termina.
En este proceso se han producido dos reuniones de la Plataforma nacional, por lo menos una reunión de cada Plataforma Regional y varias reuniones de grupos de trabajo algo desordenadas, a lo cual se han sumado más de un centenar de aportes escritos por diferentes Instituciones estatales, privadas y gremiales, así como de diversas personas ligadas al quehacer Forestal, que evidencian un gran interés de construir una Política nacional y Legislación Forestal moderna, con visión ecosistémica y acorde a las necesidades de las mayorías de los pueblos que habitan y se benefician de lo recursos y servicios que los Bosques nos brindan siempre y cuando estén sanos y completos.
En los primeros días de enero pasado, la Secretaria Técnica puso al debate un Borrador de Política Nacional y de Ley Forestal y Fauna Silvestre, las cuales tuvieron muchos vacios y contradicciones, en especial el Borrador de la ley, que debería haber sido elaborada con los insumos que ya existían, como las conclusiones de la Mesa 2 del Grupo Nacional de Dialogo entre el Gobierno central, Gobiernos Regionales y Pueblos indígenas, así como la propuesta de Ley que presento AIDESEP; sin embargo muy poco o casi nada se incorporó en este primer borrador lo cual origino una respuesta escrita de parte de las organizaciones indígenas, demandando el cumplimiento de los acuerdos consensuados en la Mesa 2, así como planteando sus criticas y aportes al primer Borrador.
Finalmente la Secretaria Técnica con la aprobación del Grupo de Trabajo Interministerial (espacio del Poder Ejecutivo donde aprobaran la propuesta de Política Nacional y Ley) han difundido los últimos días una nueva versión de la Política Nacional y ley Forestal y Fauna Silvestre, las cuales aun mantienen vacios y temas controversiales que en los próximos artículos iremos desmenuzando, sin embargo debemos decir que esta última versión no es explicita con los acuerdos internacionales como el relacionado al Convenio 169 y la necesidad de resolver previamente los temas de propiedad de los pueblos indígenas, así como es muy declarativa respecto al tema de cesión en uso de los Bosques indígenas.
Se debilitan las medidas de control que el Estado debe aplicar en el otorgamiento de derecho, se excluye el tema de las Vedas y los encargos que deben cumplirse a la luz de CITES; así mismo, solo se habla de la valorización del patrimonio Forestal como recurso (¿solo madera otra vez?) y no se plantea la necesidad de una Valorización de la sostenibilidad del ecosistema que implica los recursos y también los servicios ambientales que el Bosque nos brinda y que existen de manera interrelacionada, lo cual es contradictorio si se tiene en cuenta que la Ley intenta tener una Visión Ecosistémica.
Se mantiene la justificación del 3er adquiriente de buena fe, es decir que aquel que compra madera ilegal no tendría responsabilidad, como si los madereros de nuestro País no supieran a quien compran, es decir Ud. puede ir a Tacora y comprar cualquier repuesto sabiendo que son de dudosa procedencia y no pasará nada, lo cual por supuesto seguirá alentando el robo de piezas de autos y en los Bosques la tala ilegal de nuestras preciadas maderas. El tema es que la buena fe no puede presumirse en este caso, debe probarse y por tanto el 3er adquirente deberá asegurarse que lo que compra es legal.
En el campo de la institucionalidad, si bien es cierto se propone crear un Organismo Técnico especializado como nueva Autoridad Forestal, se persiste en mantenerlo en el Ministerio de Agricultura, quienes durante décadas ha mantenido una actitud marginal al sector Forestal, que además nunca hubo una preocupación por generar una Política Nacional Forestal durante la existencia del INRENA, en su Plan estratégico 2007-2011, no incluye como una de sus prioridades el tema Forestal y si recordamos las declaraciones del Ex Jefe del INRENA José Luis Camino, quien admitió con descaro que “la corrupción del INRENA es peor que los Petroaudios” el 10 de Diciembre del 2008 en el diario el Comercio; queda claro entonces que los 45 millones de Ha. de Bosques de “Producción” no pueden seguir en un Ministerio que poco o nada ha hecho por el sector y más bien pasar al Ministerio del Ambiente, donde hay más coherencia con sus fines y Planes estratégicos.
Lo cierto es que metodológicamente esta consulta, a pesar de la amplia participación de muchos actores del Bosque con sus aportes y propuestas podrían caer en saco roto si no se resuelve la etapa de acuerdos y consensos, pues dejar en manos de algunos personas que conforman el todopoderoso Grupo de Trabajo Interministerial para decidir que va y que queda fuera de la Política Nacional y la Ley Forestal y Fauna Silvestre le resta la legitimidad que necesita urgentemente esta norma, pues tener a todos los que no somos Estado como comparsa no significa que hemos tenido una participación real, lo sano como lo dijéramos al principio y lo volvemos a plantear es que la Plataforma Nacional sea el espacio real de la aprobación de los consensos y que allí participen todos los organismos del Estado a fin de llegar a una norma de máximo consenso, que le de la solidez que necesita su implementación.
Es cierto que los miembros de la Secretaria Técnica han dicho que su responsabilidad es hacer el proceso y elaborar una propuesta y que hasta allí llegan, luego la pelota estará en la cancha del Poder Ejecutivo y el Congreso, si así es, entonces esperamos de estos últimos un decisión consecuente con lo que todos los actores del Bosque desean, una Política y Ley participativa en la discusión, pero también en la aprobación de lo contrario corremos el riesgo de terminar todos los que participamos desde la Sociedad Civil con nuestras propuestas y aportes como simple COMPARSA de un proceso que finalice con un innecesario conflicto social que nadie quiere volver a vivir, aún estamos a tiempo.
En su momento alertamos también, que si el Congreso no tenía un Rol cercano a esta consulta pues finalmente el texto legal que se discutiría en dicho espacio parlamentario, podía también tener cambios que a la mayoría de los actores del Bosques no los beneficiaría y por tanto generaría nuevos conflictos sociales.
Felizmente y en coordinación con la Secretaria Técnica, la Comisión Consultiva de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República presidida por la congresista Elizabeth León Minaya, se logró establecer un puente de dialogo entre ellos, que si bien es cierto es informativa, por lo menos permite ir generando consensos, que aun veremos en qué termina.
En este proceso se han producido dos reuniones de la Plataforma nacional, por lo menos una reunión de cada Plataforma Regional y varias reuniones de grupos de trabajo algo desordenadas, a lo cual se han sumado más de un centenar de aportes escritos por diferentes Instituciones estatales, privadas y gremiales, así como de diversas personas ligadas al quehacer Forestal, que evidencian un gran interés de construir una Política nacional y Legislación Forestal moderna, con visión ecosistémica y acorde a las necesidades de las mayorías de los pueblos que habitan y se benefician de lo recursos y servicios que los Bosques nos brindan siempre y cuando estén sanos y completos.
En los primeros días de enero pasado, la Secretaria Técnica puso al debate un Borrador de Política Nacional y de Ley Forestal y Fauna Silvestre, las cuales tuvieron muchos vacios y contradicciones, en especial el Borrador de la ley, que debería haber sido elaborada con los insumos que ya existían, como las conclusiones de la Mesa 2 del Grupo Nacional de Dialogo entre el Gobierno central, Gobiernos Regionales y Pueblos indígenas, así como la propuesta de Ley que presento AIDESEP; sin embargo muy poco o casi nada se incorporó en este primer borrador lo cual origino una respuesta escrita de parte de las organizaciones indígenas, demandando el cumplimiento de los acuerdos consensuados en la Mesa 2, así como planteando sus criticas y aportes al primer Borrador.
Finalmente la Secretaria Técnica con la aprobación del Grupo de Trabajo Interministerial (espacio del Poder Ejecutivo donde aprobaran la propuesta de Política Nacional y Ley) han difundido los últimos días una nueva versión de la Política Nacional y ley Forestal y Fauna Silvestre, las cuales aun mantienen vacios y temas controversiales que en los próximos artículos iremos desmenuzando, sin embargo debemos decir que esta última versión no es explicita con los acuerdos internacionales como el relacionado al Convenio 169 y la necesidad de resolver previamente los temas de propiedad de los pueblos indígenas, así como es muy declarativa respecto al tema de cesión en uso de los Bosques indígenas.
Se debilitan las medidas de control que el Estado debe aplicar en el otorgamiento de derecho, se excluye el tema de las Vedas y los encargos que deben cumplirse a la luz de CITES; así mismo, solo se habla de la valorización del patrimonio Forestal como recurso (¿solo madera otra vez?) y no se plantea la necesidad de una Valorización de la sostenibilidad del ecosistema que implica los recursos y también los servicios ambientales que el Bosque nos brinda y que existen de manera interrelacionada, lo cual es contradictorio si se tiene en cuenta que la Ley intenta tener una Visión Ecosistémica.
Se mantiene la justificación del 3er adquiriente de buena fe, es decir que aquel que compra madera ilegal no tendría responsabilidad, como si los madereros de nuestro País no supieran a quien compran, es decir Ud. puede ir a Tacora y comprar cualquier repuesto sabiendo que son de dudosa procedencia y no pasará nada, lo cual por supuesto seguirá alentando el robo de piezas de autos y en los Bosques la tala ilegal de nuestras preciadas maderas. El tema es que la buena fe no puede presumirse en este caso, debe probarse y por tanto el 3er adquirente deberá asegurarse que lo que compra es legal.
En el campo de la institucionalidad, si bien es cierto se propone crear un Organismo Técnico especializado como nueva Autoridad Forestal, se persiste en mantenerlo en el Ministerio de Agricultura, quienes durante décadas ha mantenido una actitud marginal al sector Forestal, que además nunca hubo una preocupación por generar una Política Nacional Forestal durante la existencia del INRENA, en su Plan estratégico 2007-2011, no incluye como una de sus prioridades el tema Forestal y si recordamos las declaraciones del Ex Jefe del INRENA José Luis Camino, quien admitió con descaro que “la corrupción del INRENA es peor que los Petroaudios” el 10 de Diciembre del 2008 en el diario el Comercio; queda claro entonces que los 45 millones de Ha. de Bosques de “Producción” no pueden seguir en un Ministerio que poco o nada ha hecho por el sector y más bien pasar al Ministerio del Ambiente, donde hay más coherencia con sus fines y Planes estratégicos.
Lo cierto es que metodológicamente esta consulta, a pesar de la amplia participación de muchos actores del Bosque con sus aportes y propuestas podrían caer en saco roto si no se resuelve la etapa de acuerdos y consensos, pues dejar en manos de algunos personas que conforman el todopoderoso Grupo de Trabajo Interministerial para decidir que va y que queda fuera de la Política Nacional y la Ley Forestal y Fauna Silvestre le resta la legitimidad que necesita urgentemente esta norma, pues tener a todos los que no somos Estado como comparsa no significa que hemos tenido una participación real, lo sano como lo dijéramos al principio y lo volvemos a plantear es que la Plataforma Nacional sea el espacio real de la aprobación de los consensos y que allí participen todos los organismos del Estado a fin de llegar a una norma de máximo consenso, que le de la solidez que necesita su implementación.
Es cierto que los miembros de la Secretaria Técnica han dicho que su responsabilidad es hacer el proceso y elaborar una propuesta y que hasta allí llegan, luego la pelota estará en la cancha del Poder Ejecutivo y el Congreso, si así es, entonces esperamos de estos últimos un decisión consecuente con lo que todos los actores del Bosque desean, una Política y Ley participativa en la discusión, pero también en la aprobación de lo contrario corremos el riesgo de terminar todos los que participamos desde la Sociedad Civil con nuestras propuestas y aportes como simple COMPARSA de un proceso que finalice con un innecesario conflicto social que nadie quiere volver a vivir, aún estamos a tiempo.
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