Cuarto Ambiente

Tala y comercio ilegal de madera como la Caoba no han cesado..

Wikileaks confirma crisis de la institucionalidad forestal que hasta hoy padece el Perú

Por Sandro Chávez

Según el Wikileaks forestal que da cuenta de cables diplomáticos norteamericanos enviados el 2006, aparecido la semana pasada, el Gobierno peruano tenía conocimiento de que entre el 70 y el 90% de sus exportaciones de maderas procedían de la tala ilegal de árboles pero no tomó medidas para intentar acabar con esta situación.

Se señala que en el proceso de verificación se mostró que el 60 por ciento de las concesiones presentaban infracciones graves que incluía la falsificación de documentos, la extracción de madera fuera de los límites de la concesión y enlaces a los sobornos. Indican que ninguna de las concesiones verificadas mostró un alto nivel de gestión.

También dice: “En la reunión de la CITES, el Partido Republicano citó como su realización el sistema informático para realizar un seguimiento a la cosecha de caoba, un sistema desarrollado con financiamiento de USAID. Una información confiable indica que los datos siempre han sido mal introducidos o modificados más tarde en los lugares de campo, lo que permite a los concesionarios cortar más madera de lo legalmente permitidos. Post tiene sospechas de corrupción desde hace muchos meses y siempre ha informado al INRENA de estas preocupaciones. Hace pocas semanas, cuando la historia apareció en los medios de comunicación, el INRENA afirmó que sería frente a esta situación. Nada ha cambiado hasta la fecha”.

Ciertamente, no ha cambiado mucho

Aquellos que trabajan en el tema Forestal saben que estas informaciones son ciertas, es más, en el 2007 hubo el intento en la Intendencia Forestal liderada por el Ing. Edgardo Lizarraga de poner mano dura a la corrupción y por ende a la tala y comercialización ilegal de madera, en especial a aquella que procedía de cuencas como el Yavari y el Purús que estaban en veda para extraer Caoba, sin embargo la presión de las mafias y de malas autoridades lograron que se cambiaran a estas autoridades forestales y se retomara la situación de caos en la que anda el sector forestal.

Tal es el problema señalado en el Wikileaks, que probablemente haya sido uno de los argumentos de peso para que los EEUU considerara la necesidad de una Adenda Forestal en el Tratado de Libre Comercio que suscribieron con nuestro País, justamente el que ahora se ha incumplido descaradamente, pues tenía un plazo de cumplimiento que expiró en agosto del 2010 y que hasta ahora no se concreta por irresponsabilidad del Gobierno y de sus Autoridades especializadas.

El Gobierno por supuesto niega todo

El Ministro Brack (La República 4/03/2011) ha dicho “casi el 100% de la tala de caoba está bajo control; sin embargo, afirmó que de existir tala ilegal de caoba, ésta sería en pequeños porcentajes, ya que diferentes entidades velan por su adecuada explotación”. Es decir que el problema estaría resuelto, suponiendo que fuera así, habría que preguntarle que ha pasado con lo hecho anteriormente ¿habido una investigación al respecto?, ¿hay sanción a algún funcionario sobre ellos?, ¿se cumplió la veda de caoba y cedro al 100% en las cuencas amazónicas determinadas según la Ley 27308, Ley Forestal y de fauna Silvestre?

Por su parte el Ministro de Agricultura, Rafael Quevedo, dijo (La República 4/03/2011)cartera realizará los análisis correspondientes a la denuncia de Wikileaks, puesto que los ha tomado por sorpresa, está analizando “dónde está procediendo la tala ilegal de caoba”. Osea que recién el MINAG y suponemos la Dirección General Forestal y Fauna Silvestre va a averiguar de dónde procede la tala ilegal de Caoba, lo que en verdad describe claramente el bajo nivel de priorización del tema Forestal en dicho Ministerio.

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros (La República 4/03/2011), tildó de “chismografía” lo expresado en el cable de Wikileaks, alegando que, pese a la existencia de tala ilegal en el país, es “muy difícil que pueda estar exportándose a los Estados Unidos”. Quizás el Ministro necesitaría más información para saber que aún subsisten serios problemas en el control de la tala y por ende en la trazabilidad de la madera que se exporta y que la chismografía como asi llama a la información oficial de la embajada Norteamericana, tiene asideros reales que el Perú hoy no está en condiciones de desmentir, sino que nos muestre que todo lo dicho en es Wikileaks es falso.

No debemos olvidar la confesión del Ing. José Luis Camino el 2008 (ex jefe del INRENA) quien dijo que el problema de la Tala Ilegal era peor que los “Petroaudios” (Artículo publicado en el Comercio), y que la corrupción en el INRENA llegaba a casi un 70% a su interior, pese a ser uno de los responsables que derogó las normas que pretendían terminar con la tala ilegal básicamente de la caoba y cedro.

La Contraloría de la República debe actuar de inmediato

Los hechos aparecidos hasta ahora en estas informaciones como las diversas denuncias que obran en la Controlaría de la República, la obligan a pronunciarse de inmediato, pues de ser comprobarse estas informaciones como pareciera que lo es, se estarían configurando diversos delitos contra el patrimonio del estado y que es necesario un deslinde responsabilidades.

Es más, existe un silencio sospechoso en la Contraloría de la República quienes deberían hacer público los resultados de las investigaciones sobre la inaplicabilidad de la Veda de la Caoba dictaminada el 2002 por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 27308 en su Séptima Disposición Complementaria, pues han pasado más de 10 años donde prácticamente se ha extinguido comercialmente a la caoba.

Crisis de la institucionalidad Forestal cada vez más aguda

Como hemos dicho en anteriores artículos, hasta ahora no se ha logrado contar con una Política Nacional Forestal aprobada participativamente y por consenso, no existe un Plan Anticorrupción Forestal y el Sistema Nacional de Información Forestal se encuentra a medias y con un retraso enorme.

Se tenía esperanzas que con las salvaguardas que ponía la Adenda Forestal del TLC con los EE UU se iba lograr avanzar en la lucha contra la corrupción y la tala ilegal, sin embargo no ocurrió.

El Perú ha venido incumpliendo paulatinamente dicha adenda Forestal, hasta la fecha no hay un Plan de implementación con metas y acciones claras que conozcan los actores forestales; lejos de controlar, se viene promoviendo la tala y comercio ilegal que esta saqueando las ANPs y las Comunidades Indígenas principalmente, el grueso de atención está en el controversial proceso de discusión de la Ley Forestal, financiado en gran manera por el propio Servicio Forestal de los EE UU con sede en Perú

Recordemos que los hechos lamentables de Bagua se pudieron evitar si se tenía una Ley forestal de consenso, pero no fue así y ahora todos recordamos con dolor el desenlace.

Han pasado más de 02 años de ese entonces donde el ejecutivo y ahora la Comisión Agraria del Congreso intentan una vez más elaborar una nueva Ley Forestal que aún sigue heredando temas controversiales, el proyecto de Ley No.4141 que ya esta dictaminado arbitrariamente, ha recibido críticas de diversos grupos de la Sociedad Civil, particularmente de las poblaciones indígenas, quienes se sienten vulnerados por la aplicación inadecuada del Convenio 169º de la OIT (Consulta, previa e informada).

El Ejecutivo y la Comisión Agraria, siguen tratando de convencer a todos en especial al Gobierno Norteamericano que todo se resolverá con la aprobación de la ley Forestal, lo cual no es cierto y como hemos señalado antes, gran parte de los problemas no necesitan Ley, solo una buena gestión y decisiones de carácter administrativo.

Además, la nueva Ley en discusión no contempla medidas claras para combatir la tala y comercio ilegal, sin embargo:

• Se esperaba que el estado se obligue aplicar la trazabilidad de la madera como métodos para comprobar el origen legal (Del mercado al bosque), sin embargo esta Dictamen lo deja suelto y opcional.
• No fija ni exige cuales son los documentos que sustentan el origen legal del producto, (certificado de origen), solo habla de Guías para transportar, sin este certificado de origen este documento es imposible hacer control y comprobar la veracidad de la información dejando una puerta y ventana grande para la ilegalidad. No se exige el 100% de comprobación de la información declarado en campo (volúmenes de árboles en pié), ni la exigencia total de implementación de los Planes de Manejo Forestal, sólo muestreos que seran maquillados en la práctica.
• No se tipifica supervisiones posteriores al bosque que condicione la aprobación de volúmenes sucesivos, vale decir uno puede incumplir o fraguar información este año, pero el otro año hay borrón y cuenta nueva (no se comprueba lo que se comprometió)
• No se exige que cualquier madera que deba ser exportada tenga que tener certificados de origen y ser controladas en los principales puertos por la autoridad forestal. La autoridad forestal seguirá desconociendo que especies, cuanta madera de exporta con qué origen y destino se comercializa sin rigor de verificaciones y responsabilidad institucional.
• No se elimina ni indica tácitamente que se elimine las “compras de buena fe”, mecanismo utilizado a menudo por los comerciantes exportadores para evadir irresponsabilidades de compra de madera de origen controversial.
• No se obliga a que el estado peruano previamente a autorizar el aprovechamiento forestal, tenga estudios de poblaciones de las especies que aseguren que no se va vulnerar su existencia comercial, se entregan cheques en blanco sin responsabilidad.
• Los estudios de rendimiento para las exportaciones son voluntarias no obligatorias ni vinculante, vale decir se seguirá exportando volúmenes altos comerciales a tan sola declaración como si un árbol no tendría merma en su aprovechamiento, es como decir que en un pollo beneficiado el 90% son pechos, cuando esto es irreal, esto permitirá incluir madera de áreas no autorizadas que encontraran bajo esta modalidad una forma de legalizar lo ilegal.
• Siguen insistiendo en que la institucionalidad forestal siga en el Ministerio de Agricultura, cuando es el sector responsable de todo este genocidio en la Amazonía. De lo contrario se perpetúa la burocracia centralista.
  

A todo esto, sería importante saber que dice el organismo supervisor OSINFOR ¿Que ha pasado con las supervisiones que realizó hasta ahora? ¿Cuántas sanciones se han dado hasta ahora?

Conociendo tambien que la autoridad cientifica acaba de terminar los estudios de poblaciones del Cedro, a través de un Proyecto financiado por la ITTO, sería importante saber si se han enmendado los errores del estudio de la Caoba en la que consideraban como informacion de base POAs con información falsa, lo cual alteraba los resultados de dicho estudio.

Por otro lado, nos preguntamos si para el presente año la autoridad cientifica (MINAM/UNALM) ya han concluido con el estudio que determina el cupo de exportación de caoba, dado que al parecer la Dirección General Forestal y Fauna Silvestre viene autorizando movilización de esta madera para ello.

Hace 02 años se logró modificar en el Congreso de la República el Código Penal para delitos Ambientales y Forestales, nos preguntamos ¿Cuantos malos consultores y funcionarios están presos? por lo que sabemos ni uno sólo.

¿El Gobierno del Sr. Alan García, puede asegurar que en los 27 millones de Has. de Bosques de Producción Permanente (dominio público) que están bajo el régimen de concesiones la mayoría no hay sembríos de coca para el narcotráfico?, lo cierto es que la producción de coca ilegal en la amazonia, en especial en las zonas Yungas, ya ha llegado a invadir Áreas Naturales Protegidas (UNODC) y varios territorios de comunidades indígenas, lo cual se suma al proceso de deforestación en la cual nuestro patrimonio forestal está sometido.

Nada se gana mintiendo o dando la espalda a temas tan graves como los revelados en los Wikileaks, pues está de por medio el derecho de todos los peruanos y peruanas a saber que pasó, quienes son los responsables y cuál será su sanción, de lo contrario se seguirá dando pésimas señales de que en el Perú hay borrón y cuenta nueva y eso sería fatal para un País que demanda transparencia en las acciones de Gobierno y que quiere construir un desarrollo basado en la sostenibilidad de sus recursos naturales.