EL BANQUETE DE LOS MERCADOS DE CARBONO
Por: José Álvarez Alonso (*)
La mesa está servida. Dicen los que conocen el tema que los bonos de carbono son el nuevo “commodity”, el gran negocio del Siglo XXI, y que superará incluso al mercado del petróleo, de automóviles o de soya. Y ya se está produciendo la estampida para posicionarse en ese lucrativo negocio: inversionistas, brokers, empresas disfrazadas de oenegés, y avivatos de diverso tinte y calaña buscan ahora en la Amazonía y sus bosques un espacio para posicionarse y acceder a las pingües ganancias que, según los gurúes, pronto manarán de los países contaminantes del Norte o “deudores” (en términos ambientales) hacia los países “acreedores”, que generalmente son países del Sur, pobres económicamente pero ricos en bosques.
¿Y las comunidades amazónicas? Si no se apuran, llegarán tarde al banquete, como siempre. Ya hay denuncias de abusos en muchos países de organizaciones y personas que acaparan tierras o manipulan a los locales para acceder de forma poco escrupulosa al negocio del carbono. He escuchado hace poco de un intento de estafa con el asunto del mercado de carbono a los Matsés, que son propietarios de un hermoso territorio de más de 400,000 hectáreas, y de comunidades, como la de Yurilamas en San Martín, que reciben ofertas de un sol por hectárea año para firmar contratos de protección de sus bosques por 40 años…
Especialmente atractivo para los países con grandes extensiones de bosques, como el Perú, parece el tema de REDD y REDD+ (Reducción de Emisiones -de Carbono- por Deforestación y Degradación –de hábitats). La Amazonía es un sumidero neto de carbono –excepto en años de sequía extrema como el 2010- y su destrucción podría incrementar en un grado o más la temperatura global, de ahí el interés de conservarla de los países del Norte.
Las concesiones de conservación y ecoturismo se están convirtiendo en los últimos años en la nueva estrategia para acceder a grandes extensiones de bosques amazónicos “de libre disponibilidad” y posicionarse a la espera del “maná” de los bonos de carbono. Sólo en Loreto hay más de 300 solicitudes de concesiones de conservación, y en Madre de Dios más de 400, incluyendo las de ecoturismo. Las comunidades están cada vez más confundidas, porque se aparecen de pronto personajes que nunca habían visto ofreciendo el oro y el moro, y no saben bien a qué atenerse. Por un lado está bien que se protejan los bosques, pero la cuestión es quién se va beneficiar esta conservación que, en el próximo futuro, se va a convertir en un gran negocio.
La ley forestal vigente, y el anteproyecto de ley forestal en discusión, consideran que los titulares de concesiones pueden beneficiarse de la venta de servicios ambientales de sus concesiones, pagando un impuesto al Estado. Un posible escenario futuro -que disgusta mucho, con razón, a las organizaciones indígenas- es el de grandes extensiones de bosques bajo concesión en manos de terceros (gente que ni siquiera es amazónica) donde no se les permita ni el ingreso a los pobladores locales, y de cuyos ingresos por bonos de carbono no reciban más que migajas…
Lo que es claro es que si alguien debe beneficiarse de la conservación de los bosques amazónicos (sea por el tema del carbono, el agua o la biodiversidad) son las comunidades que viven en ellos y de ellos desde hace cientos y miles de años. Y hay muchas, demasiadas, que hasta ahora no tienen tituladas sus tierras, y muchas otras que tienen territorios irrisorios titulados y aspiran a ampliarlos de acuerdo con el crecimiento poblacional. AIDESEP calcula que son más de 300 comunidades indígenas las que están sin titular, y más de 500 aspiran a la ampliación de sus minúsculos territorios. Pero hay muchas más comunidades sin título, especialmente las llamadas “ribereñas”: sólo en Loreto son más de 2,000. La exigencia de los indígenas es clara y más que razonable: no más concesiones forestales, de conservación, o del tipo que sea, ni negociaciones REDD, hasta que todas las comunidades tengan sus territorios asegurados. Recién ahí se verá si hay espacio para otorgar derechos a terceros.
Los indígenas amazónicos agrupados en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP son conscientes de los riesgos y oportunidades de los mercados de carbono, y están organizándose para evitar que este boom les pase de largo, como ha ocurrido con otros en el pasado, que lo único que dejó es degradación social y ambiental, y miseria (desde la fiebre del caucho hasta las olas extractivas de cueros, animales vivos, maderas finas, petróleo y, últimamente, oro).
Estos días fui invitado a participar en un taller organizado por AIDESEP en Iquitos para analizar con los dirigentes nacionales y regionales del Perú el tema de los retos y oportunidades de los pueblos indígenas amazónicos frente al cambio climático. Los testimonios de los dirigentes de las distintas organizaciones y regiones amazónicas son reveladores: su mundo, en el que sus antepasados se desenvolvieron con eficiencia y respeto por miles de años, está colapsando, y no tienen las herramientas para enfrentar las nuevas amenazas: éstas provienen de la naturaleza, desenfrenada en los últimos años por sequías, inundaciones y escasez creciente de fauna y flora como nunca habían visto; del Estado, que sigue otorgando derechos a terceros y no quiere reconocer los derechos que reclaman con justicia los indígenas; y de las grandes empresas, que llevan años depredando sus recursos, contaminando sus ríos y envenenando su sangre con metales pesados y otros tóxicos.
De momento el Gobierno Regional de Loreto ha tomado la iniciativa de impulsar la titulación de todas las comunidades de la región, lo cual sería un gran avance. Pero esto sólo es un primer -si bien importante- paso, porque las comunidades necesitan también asistencia técnica y apoyo financiero para generar riqueza de forma sostenible de sus bosques y sus lagos, cada vez más depredados debido a la actual situación de “tierra de nadie”. Las áreas de conservación regional, como las que impulsan muchas comunidades con apoyo del GOREL a través del Programa PROCREL, o las áreas de protección ambiental, que están impulsando algunas comunidades como Santa María de Fátima en Loreto, con apoyo de las municipalidades, son una estrategia complementaria que puede ayudar a garantizar a los indígenas, por un lado, la protección efectiva de sus territorios tradicionales y el acceso en el próximo futuro a los mercados de carbono y, por otro, la oportunidad de generar ingresos a través del aprovechamiento sostenible y la comercialización con valor agregado de los recursos del bosque.
Hay muchas expectativas en el nuevo gobierno que tomará la posta el 28 de julio próximo, y que esperan ponga atención a tantas y tan justas demandas de los indígenas. Se vienen tiempos más difíciles para los amazónicos, los expertos predicen que se acentuarán aún más los eventos climáticos extremos, y el estrés para la flora y la fauna amazónica, que representan la base de la economía indígena. Pero también se vienen oportunidades, con el creciente interés de conservar los bosques amazónicos como estrategia para ayudar a mitigar el cambio climático. Esperemos que esta vez los indígenas sí sean tomados en cuenta y se sienten a la mesa de las negociaciones en el sitio que les corresponde, y no como otras veces, a esperar las migajas que caen del banquete de los poderosos.
(*) Biólogo, Investigador del IIAP
1 comentario:
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