Escribe: Manuel Pulgar Vidal (*)
CARETAS / NOVIEMBRE 9, 2007
LOS BOSQUES Y LA AMAZONÍA
El presidente Alan García publicó el pasado 28 en El Comercio un artículo titulado “El síndrome del perro del hortelano”, en el que expresa la posición gubernamental sobre los recursos naturales y ha dado inicio a un acalorado debate público sobre aspectos centrales para el futuro del país. A continuación, observaciones puntuales de un “verde” que no es “rojo”.
EL Presidente señala que es posible hacer forestación maderera –especialmente en los 8 millones de hectáreas destruidas– siempre y cuando se otorgue propiedad.
Para ello rechaza el régimen vigente de concesiones, alegando que “dependen de la voluntad del gobierno y del funcionario que puede modificarlas”, y señala que “en su mayoría, esas concesiones rapiña sólo han servido para sacar la madera más fina, deforestar y abandonar el terreno”. Así, el Presidente cuestiona dicha figura jurídica (tan exitosa para la minería) precisamente por la incapacidad del propio gobierno en hacerla funcionar.
Olvida también que su gobierno se ha obligado unilateralmente con los Estados Unidos de América a través del Protocolo de Enmienda del TLC a fortalecer dicho régimen (1). Es decir, pareciera que estamos ofreciendo como país algo en lo que el gobierno no cree.
Respecto a las plantaciones forestales que parecieran ser la apuesta gubernamental en el tema forestal, en primer lugar se confunde el manejo de estas con el régimen de manejo de bosques naturales o bosque primario. Además, el problema es que para que exista un régimen seguro de plantaciones forestales se requieren acciones que el gobierno se resiste a adoptar.
● Es importante delimitar los 8 millones de hectáreas deforestadas, para lo cual debe concluirse el ordenamiento forestal e identificarse las áreas de “bosque para aprovechamiento futuro”.
● Se necesita también un catastro que otorgue seguridad jurídica al mercado, y finalmente es preciso identificar un régimen de incentivos (en el caso de Chile se otorgaron subsidios y en el caso de Brasil incentivos fiscales, pero en el Perú nada se ha hecho ni planificado) que permita que las inversiones de largo plazo en plantaciones
sean viables.
Se trata pues de una tarea del propio Estado que va más allá de pensar tan sólo en la propiedad como mecanismo único de solución (2).
LA TIERRA
Cuando Alan García plantea la forestación de 8 millones de hectáreas, no precisa que ellas no están claramente identificadas ni se menciona que sobre gran parte de ellas existen derechos de propietarios o posesionarios.
En ese sentido los expertos forestales señalan que es casi imposible encontrar áreas deforestadas mayores a 5 mil hectáreas continuas.
En verdad, estamos ante un problema de titulación, catastro y de entidades del Estado incapaces de avanzar significativamente en este propósito. El Programa Especial de Titulación de Tierras – PETT y el Cofopri (ahora fusionados, pero con vacíos de competencia) no han sido capaces de cumplir su función, y la decisión de fusionarlos no ha generado ni generará ningún beneficio a la población a menos que se tomen medidas drásticas.
Otra verdad que debemos enfrentar es que el propio Estado no ha podido nunca identificar con claridad las tierras eriazas y menos proceder a la subasta pública, como está dispuesto en la Ley de Tierras de 1995 y su Reglamento.
Por su lado se intenta atribuir culpa por el caos existente con la tierra a la existencia de tierra comunal, pero el punto es que si esta tierra estuviera adecuadamente titulada nadie tendría limitación en comprarla por cuanto ello está permitido desde la reforma constitucional de 1993 (3).
Seamos claros, la compraventa es un acuerdo de voluntades. Si una comunidad se resiste a vender sus tierras porque considera que tienen un valor cultural determinado o un propósito religioso, ¿alguien puede desconocerle este derecho de propietario? ¿Alguien puede desconocer la autonomía comunal que la Constitución recoge (4)?
En resumen, el reto actual consiste en sanear la situación de la tierra y proceder a su titulación para evitar que se generen incentivos perversos que pro muevan su mal uso, y este reto recae nada menos que en el propio gobierno.
MINAS Y PETRÓLEO
Afirmar que los daños ambientales de hoy se deben a la minería de ayer no es correcto. Todos reconocen, incluidos los operadores mineros, que la minería es una actividad de alto impacto ambiental. Tanto la minería de ayer como la de hoy generan impactos.
Ello obliga a un manejo cuidadoso del ambiente bajo condiciones que generen confianza en la población. Sin embargo, hay actividades mineras que hoy generan impactos significativos y el Estado les prorroga los plazos para cumplir con sus obligaciones o simplemente es incapaz siquiera de revisar los planes de cierre de mina presentados en agosto de 2006.
Respecto al desarrollo local que la minería promueve, el presidente García cita a Ilo, pero no a La Oroya, Cerro de Pasco o muchas otras localidades que siguen teniendo “minería de hoy” en condiciones ambientales y de pobreza inaceptables.
Como señala el Presidente, la convivencia de las minas con las ciudades “depende de lo estricto que sea el Estado en la exigencia tecnológica a las empresas mineras y en negociar mayor participación económica y laboral para las regiones donde están las minas”.
Precisamente, esas son las tareas que todos esperamos que el Estado asuma a cabalidad.
Estas reflexiones seguro llevarán a la ya recurrente pregunta: ¿Por qué las organizaciones ambientales no se preocupan por la minería artesanal / informal que es altamente contaminante? Esta afirmación tampoco es cierta. La minería informal se ha instalado debido a las condiciones políticas y legales definidas por los últimos gobiernos. Cual presente griego, se ha transferido esta competencia a las regiones, las cuales no tienen los recursos humanos, técnicos y financieros para enfrentarla. Por su parte las regiones alegan que la minería informal no es de su competencia, por cuanto la Ley de Regiones habla de pequeña minería y minería artesanal. Parece el juego del gran bonetón: nadie quiere hacerse cargo del problema.
Sorprende la referencia del Presidente al supuesto invento del “nativo selvático no conectado, es decir, desconocido pero presumible”, cuando hace apenas tres semanas se ha expedido el decreto supremo reglamentario para la protección de poblaciones indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial.
Nuevamente, resulta extraño que el Poder Ejecutivo regule sobre lo que no cree.
EL MAR, LA ACUICULTURA
Señala el Presidente que la acuicultura no es posible por la oposición de los pescadores artesanales y la continua invocación al mar de Grau, lo que no es del todo correcto.
La acuicultura no se desarrolla en el Perú por la incapacidad del Estado en desarrollar técnicas que permitan su viabilidad. Ya que Chile se ha vuelto un referente, en la acuicultura de salmón nos hemos preguntado ¿cuánto aportó Fundación Chile y el Estado con investigación, asistencia técnica, certificación, etc., y cuánto ha invertido o está dispuesto a invertir el Perú?
El problema del mar es un problema de política. El sector pesquero industrial ha impactado significativamente bahías y sigue afectándolas; el ministerio es incapaz de regularlos, no puede controlar la flota vikinga y cada vez más se reducen las temporadas de pesca y los trabajadores quedan en largos períodos desempleados buscando actividades alternativas.
No puede por otro lado incorporar mecanismos que incentiven una reducción del esfuerzo pesquero. ¿En esas condiciones se afirma que la solución pasa principalmente por el fomento a la gran inversión privada? ¿Es acaso el sector privado pesquero el modelo que estamos buscando?
AFINAR LA PUNTERÍA
El gobierno tiene un rol central en el manejo de los recursos naturales y las competencias para establecer reglas que generen la eficiencia y la promoción de la inversión. Esperemos que el Presidente de la República mantenga el entusiasmo con el que trata estos temas, pero afinando la puntería.
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(1) El anexo 18.3.4 del Protocolo de Enmienda del TLC con USA, dice literalmente que el Perú en un plazo de 18 meses a partir de la entrada en vigencia del acuerdo deberá “mejorar la administración y el manejo de las concesiones forestales”.
(2) El Poder Ejecutivo presentó al Congreso el Proyecto 00840/2006-PE, orientado al otorgamiento de derechos de propiedad para la promoción privada en reforestación y agroforestería. La Comisión de Economía del Congreso ha dictaminado la semana pasada el proyecto referido negando la propiedad y definiendo la concesión como forma de otorgamiento.
(3) La Constitución de 1979 señalaba que la tierra comunal era inalienable, inembargable e imprescriptible, es decir, no podía ser vendida. Con la Constitución de 1993 sí se permite su venta y por ello empresas mineras como Yanacocha y Antamina son propietarias de las tierras en donde se ubican sus operaciones.
(4) El artículo 89 de la Constitución de 1993 dice que las comunidades son autónomas en la libre disposición de sus tierras.
*Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y Profesor de Derecho Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Bol N° 021 - Miércoles 21 de noviembre del 2007
