Cuarto Ambiente

Por una Consulta Previa y Seria

Por: Sandro Chávez

Las organizaciones Indígenas y originarias de nuestro País han expresado la necesidad ineludible de que se apruebe la Ley Marco de Consulta Previa, aprobada el 19 de mayo pasado, sin embargo el Congreso de la República ha congela dicha Ley generando un innecesario conflicto que bien podría evitarse.

Parecería que nuestras autoridades en especial el Congreso de la República no aprende de sus errores, menos de los lamentables sucesos del 5 de junio del año pasado, pues a pesar de los esfuerzos de los miembros de la Mesa 3 de las Reuniones generadas por el ejecutivo el año pasado y de las diversas reuniones y esfuerzos de todas las partes por arribar a consensos que antecedieron a la aprobación de la Ley del Derecho a Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocidos en el Convenio 169 de la OIT (Ley de Consulta Previa) en el pleno el día 19 de mayo del presente año, esta fue observada por el Poder ejecutivo y luego en clara provocación a los Pueblos Indígenas, la Comisión de Constitución se allanó a dichas observaciones y desde hace mas de dos meses se encuentra en la agenda del pleno para su debate.

Ciertamente desde la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología se ha propuesto que no acepte las observaciones y que el Congreso de la República, cumpliendo con su compromiso de consenso con la mayoría del Pleno y los pueblos originarios ratifiquen el proyecto de mayo pasado.

¿Que hace que dicho Proyecto de Ley no se ratifique?

La Ley de Consulta Previa está congelada indefinidamente, probablemente -dicen algunas voces en el parlamento- hasta el próximo Gobierno, tal vez hay algo que se está gestando en estos tiempos que necesitaría no contar con una Ley de este tipo por que podría convertirse en un “problema serio” para algunas inversiones o intereses que ya desde algún tiempo han hecho su Lobby en el Gobierno que se va y quizás se quieren asegurar algunas “decisiones políticas” que los beneficien por encima de los derechos de los pueblos indígenas y originarios, así como del País.

Por ejemplo, tenemos el Proyecto de Ley 4141, Ley Forestal y Fauna Silvestre enviado por el Poder Ejecutivo en junio pasado, el cual ha sido duramente cuestionado por varios sectores de la Sociedad Civil, en especial por los Pueblos Amazónicos y que habría la decisión política de aprobarlo si o si en Diciembre de este año, por supuesta presión del USTR de EEUU, aunque queda claro que la ley de marras no resolverá los temas pendientes de la adenda forestal del TLC con este país, sino preguntémonos donde está el Plan anticorrupción, el Sistema Nacional de información Forestal, la lucha contra la Tala ilegal, entre otros vergonzosos incumplimientos.

Así también hay la intención de aprobar la Ley de servicios Ambientales que fuera justamente observada cuando iba a ser aprobada en el pleno por no contar con una consulta a los Pueblos Indígenas y Originarios, ahora se pretendería seguir el camino de la Ley anterior en materia de consulta previa.

Por otro lado acaban de aprobar la Politica Energética Nacional del Perú 2010-2040, la cual no ha contado con ninguna consulta y pretende regir en adelante para un sector que desde hace rato tiene múltiples conflictos con las poblaciones locales y que lamentablemente aprobada así e impuesta, solo generara más de un conflicto.

Recordemos que los presidentes de Perú y de Brasil acordaron el año pasado lanzar la puesta en operación de seis grandes hidroeléctricas en territorio peruano, en la cual Brasil se comprometería a comprar luego al Perú gran parte de esa energía que se producirá. Las hidroeléctricas por construir serian: Inambari (2,000 MW), Sumabeni (1,074 MW), Paquitzapango (2,000 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatán (750 MW) y Chuquipampa (800 MW), con un costo conjunto en el orden de los US$16 mil millones. Como todos sabemos hoy ya existe un conflicto con las poblaciones de Puno y Madre de Dios por la construcción de la Central Hidroeléctrica de Inambari en San Gabán.

El Gobierno busca imponer Sacha Consultas Previas y sectorializadas

Al parecer, la idea sería desarrollar procesos de consulta previa sectoriales, en corto tiempo y meramente formales, sin atender las reales necesidades de información, debate y aprobación que los Pueblos Indígenas y Originarios demandan con justicia, en buen romance estaríamos asistiendo en estos días a “Sacha Consultas Previas” que intentarán ser reconocidas como verdaderas Consultas Previas, que en realidad no llegan a nivel de calidad que los Pueblos, la Ley de Consulta Previa del 19 de mayo y el Convenio 169 de la OIT exigen.

En las últimas semanas las organizaciones de los pueblos indígenas amazónicos, andinos y de la costa, representados por AIDESEP, CONAP, CONACAMI, CCP y CNA, han cuestionado la convocatoria a una “consulta” a los Pueblos Indígenas, efectuada por la Comisión Agraria del Congreso sobre el proyecto Nº4141 de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, así mismo AIDESEP en su comunicado del 26 de Noviembre y recientemente la CORPI de San Lorenzo, Alto Amazonas también se ha pronunciado entre otras organizaciones.

Ante esta situación, es sumamente peligroso no abrir nuevamente el diálogo con las Organizaciones indígenas amazónicos, andinos y de la costa, en la cual se construya con suma claridad un acuerdo de ratificar la Ley de Consulta Previa del pasado 19 de mayo, así como garantizar el desarrollo de consultas Previas para la Ley Forestal y Fauna Silvestre como la Ley de Servicios Ambientales con el tiempo y la información adecuada a fin de que los Pueblos involucrados opinen de manera libre, justa e informada y por tanto dicha opinión sea tomada con pulcritud por el Congreso al momento de aprobar dichas Leyes en su Pleno.

Estamos seguros que los EEUU no desean estar involucrados en la aprobación de Leyes que no respeten los convenios internacionales, pues el Poder Ejecutivo desde hace rato viene diciendo que por tener que resolver positivamente el TLC con los EEUU es que se tienen que aprobar la ley Forestal y Fauna Silvestre de todas maneras este año, pero como hemos venido diciendo en varias oportunidades, los temas pendientes en la adenda forestal de dicho Tratado, no se resuelven necesariamente con la ley, sino con decisiones administrativas que debieron realizarse desde hace tres años atrás y que a los Jefes de INRENA y Directores Generales Forestales de turno no les dio la gana de implementar.

Así que, si algo está claro aquí, es que se necesita urgente la aprobación de la Ley del Derecho a Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocidos en el Convenio 169 de la OIT, pero de manera seria y sin ambigüedades.